Sociedad

México reconoce acuerdo que suspende ley SB20 en Carolina del Sur

Entre las disposiciones que quedan sin efecto destacan la penalización por alojar y transportar a personas indocumentadas, la obligatoriedad de portar prueba de registro migratorio y la criminalización por el uso de identificaciones falsas.
Notimex
09 marzo 2014 13:16 Última actualización 09 marzo 2014 13:16
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  [Blooomberg]Más de 100,000 migrantes, cuyo estatus legal les impide actualmente solicitar la licencia, podrían obtenerla. 

[Blooomberg]Más de 100,000 migrantes, cuyo estatus legal les impide actualmente solicitar la licencia, podrían obtenerla.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México se congratuló por un acuerdo alcanzado entre organizaciones civiles y el gobierno de Carolina del Sur, el cual suspende permanentemente algunas disposiciones migratorias que perjudicaban a personas indocumentadas.

A través de un acuerdo judicial, se suspenderán algunas partes de la Ley SB20 de Carolina del Sur, que buscaban penalizar la interacción con personas sin documentación migratoria y limitar las acciones de control migratorio por parte de autoridades locales.

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado, este acuerdo se alcanzó luego de una demanda presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil estadounidense, contra la Ley SB20.

Entre las disposiciones que quedan sin efecto destacan la penalización por alojar y transportar a personas indocumentadas, la obligatoriedad de portar prueba de registro migratorio y la criminalización por el uso de identificaciones falsas.

También queda sin efecto, la posibilidad de detener o prolongar la detención de una persona, sólo para inquirir sobre su condición migratoria.

Este acuerdo se suma a otro similar que las organizaciones de la sociedad civil alcanzaron con el estado de Alabama. En ese caso se suspendieron definitivamente disposiciones que criminalizaban la migración y abrían espacios para la posible aplicación indebida de la ley.

La ley SB20 fue promulgada en junio de 2011 y parcialmente suspendida por cortes federales en diciembre de ese mismo año, mientras que organizaciones civiles y el gobierno de Estados Unidos presentaron demandas contra dicha legislación.

El gobierno de México acompañó las acciones legales emprendidas contra la mencionada ley mediante escritos de "Amigo de la Corte", con el apoyo de diversos países latinoamericanos, y reforzó su presencia consular en el citado estado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Estados Unidos y el Consulado General mexicano en Raleigh, dará seguimiento a la instrumentación de este acuerdo.