Sociedad

Legisladores confían en clausura de Dragon Mart

La próxima semana, la Procuraduría de Protección al Ambiente anunciará la definición jurídica sobre esta obra,  luego de la inspección que realizó en el inmueble, ya que de lo contrario, representantes populares anunciaron que recurrían a la SCJN.

CANCÚN.- Legisladores federales que rechazan el proyecto de Dragon Mart confían en que la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) cancele la obra, después de la inspección que realizó en el inmueble, como mandato del resolutivo de amparo que obtuvo el senador Daniel Ávila Correa.

En compañía de la diputada Graciela Saldaña, Ávila Correa criticó la pasividad con que actúan los delegados de la Profepa y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la entidad, ante el polémico caso.

A más tardar la próxima semana, la Profepa anunciará la definición jurídica sobre el proyecto Dragon Mart, luego de la inspección que realizó en el inmueble.

Ante ello, el senador confió en que la revisión derivará en la clausura del proyecto, ya que de lo contrario, recurrían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Profepa realizó en días pasado una nueva inspección en el terreno "El Tucán", donde se construye la primera etapa del proyecto comercial y de negocios, para corroborar que el proyecto cumpla con los lineamientos en materia ambiental, así como con las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.

La Profepa realizó en 2012 una primera inspección en el terreno y no encontró elementos de afectación al entorno ambiental, aunque el senador panistas presentó un amparo contra la dependencia, el cual ganó, por lo que la Profepa fue obligada por mandato legal a realizar una nueva revisión.

Los legisladores pidieron al gobernador del estado, Roberto Borge Angulo mantenerse al margen, luego de señalar que fue él quien autorizó o recomendó la titularidad de ambos delegados federales, por lo que "ellos se sienten comprometidos a trabajar a su favor".

Además, anticiparon que debe haber sanciones administrativas y penales en contra de las autoridades que otorgaron permisos sin fundamento, así como funcionarios que se niegan a dar información, entre los que se encuentran, la delegada de Profepa y Ecología Municipal.

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