CIUDAD DE MÉXICO. Hoy vence el plazo para que Grupo México, propietario de la mina Buenavista del Cobre, quien el pasado seis de agosto derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, presente pruebas de sus acciones de remediación y nuevas medidas de seguridad.
Cabe destacar que además de las sanciones que están en espera de aplicarse, se puede llegar a clausurar la mina que pertenece a dicho grupo quien concentra hoy el 48 por ciento de la producción de mineral en el país.
De acuerdo con Guillermo Haro , titular de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), desde la semana pasada diversas dependencias de gobierno involucradas en este asunto entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ocho dictámenes con los resultados de las afectaciones registradas en la zona tanto a nivel salud de la población, daños a los cuerpos de agua, tierra, flora y fauna entre otros.
"La Procuraduría General de la República está trabajando en los dictámenes, está tomando declaraciones y seguramente informará en su oportunidad de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad de los presuntos responsables, directivos de la empresa".
Asimismo existe el ofrecimiento de que no se ocultará nada de la información al respecto. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde el punto de vista ambiental, actualmente están pendientes de ejecutarse las multas de la Ley de Residuos, cuya monto a pagar se aproxima a los tres millones de pesos; la Ley de aguas que contempla un cobro de millón y medio de pesos, y la Ley de responsabilidad ambiental que podría fijar una multa, como ya se mencionó, superior a los 40 millones de pesos.