QUERÉTARO, Qro.— A través de un fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) se regresará hasta un 70 por ciento de sus ahorros a los cerca de ocho mil socios que resultaron afectados por la quiebra de la caja 30 de Agosto.
Dicha caja popular operaba una oficina matriz ubicada en Santa Rosa Jáuregui; una sucursal localizada en la colonia Obrera en la capital queretana, y dos más en Guanajuato, en los municipios de Celaya y Silao.
En conferencia de prensa, el comisionado del Fipago, Guillermo Barnes García, reiteró que bajo el amparo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), las personas que resultaron afectadas van a ser apoyadas por el fondo que se constituyó hace más de 10 años.
"Estamos hablando de entre seis mil y ocho mil socios activos.
Probablemente la caja diga que había 11 mil socios, pero igual algunos ya no están activos, y eso lo conoceremos a través de una auditoria".
"La ley del fideicomiso marca una cantidad de 240 mil pesos tope máximo, de la cual se pagaría el 70 por ciento al ahorrador, que tendrá que hacer los trámites correspondientes. Los recursos que se pagan son aportados por el fideicomiso y por el gobierno estatal", explicó.
En el tiempo que lleva de vida el Fipago ha pagado a 170 mil personas que han resultado perjudicadas por quebrantos de cajas populares; mientras que en el año 2001 pagó en Querétaro a los afectados por las cajas populares Querétaro y del Sol, que eran manejadas por José Ocampo Verdugo.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, puntualizó que la Caja 30 de Agosto, con domicilio social en el estado de Querétaro, no es una sociedad autorizada ni supervisada por este organismo, por lo que tampoco se sujetó al proceso de regularización descrito en la LRASCAP.
Refirió que en el caso de esta caja, la CNBV la detectó y le ordenó dejar de captar recursos desde 2006; sin embargo, se amparó y siguió operando. "Actualmente estamos en un proceso de regularización —con 133 autorizadas y 50 en proceso—, y estamos revisando que todas las cajas estén en condiciones de operar", dijo.
Sobre la situación de otra caja ubicada en Querétaro, y que quebró hace cuatro años —la caja popular Pedro Escobedo y que operaba en el municipio del mismo nombre—, se informó que sigue en proceso de liquidación de sus ahorradores a través del Fipago.
Barnes García comentó que "ya acabamos la auditoría, el Comité Técnico del Fideicomiso ya la aprobó, e identificamos a mil 228 ahorradores. El monto de la aportación estatal es de un millón 628 mil pesos y del fideicomiso es de dos millones 850 mil pesos".