Sociedad

Enfrenta Reynoso Femat más de cinco procesos; le fijan fianza

La PGJE está solicitando una fianza de aproximadamente 27 mdp para garantizar la reparación del daño. El exgobernador panista, conforme a ley, tiene 72 horas, a partir de su detención, para aportar pruebas a su favor.
María Luisa González / corresponsal
04 mayo 2014 18:34 Última actualización 04 mayo 2014 18:40
  [Armando Reynoso Femat/Cuartoscuro]  

Su detención fue “arbitraria e ilegal”, pues, según su abogado, no había mediado una orden de aprehensión. (Cuartoscuro/Archivo)

AGUASCALIENTES.- El procurador general de justicia del estado, Felipe Muñoz Vázquez, reiteró que son entre cinco y ocho los procesos abiertos actualmente en contra del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat –y miembros de su gabinete-, quien el viernes fuera detenido por agentes ministeriales al salir de la Plaza Monumental de Toros, donde se celebra las corridas programadas en la Feria Nacional de San Marcos.

El operativo causó revuelo y sorpresa, no solo por el lugar en el que fue realizado, sino porque corrían “apuestas” a favor de que el exmandatario, el primero en la historia de Aguascalientes que es sujeto a proceso por supuestos quebrantos al patrimonio del estado, “no sería tocado”, esto es, que jamás pisaría la cárcel.

Las mismas fueron alimentadas por el hecho de que en los prácticamente tres años transcurridos a partir de que se iniciaron auditorías a su administración y consecuentes procesos solo habían sido detenidos algunos miembros de su gabinete y no él, pese a que el gobernador actual, Carlos Lozano de la Torre, sostenía sistemáticamente que no habría “impunidad ni excepciones”.

El 13 de este mes Lozano de la Torre fue nuevamente cuestionado al respecto –concretamente se le preguntó si pagarían quienes tengan que pagar- y su respuesta fue: “En muchos casos me dicen por qué se tardan tanto y yo les digo que los estamos buscando por rateros, no por pen…”

A prácticamente 48 horas de que Reynoso Femat fuera detenido por agentes ministeriales e internado en el Cereso por el delito de peculado, Muñoz Vázquez precisó que actualmente se tienen cuatro procesos relacionados con la compra-venta irregular de terrenos propiedad del Instituto de Vivienda del Estado (IVEA) y una averiguación “muy avanzada” por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a través del Patronato de Fomento del Futbol, que manejaba el club “Rayos” del Necaxa.

Esta averiguación, anticipada en 2013 por el propio fiscal estatal, involucra también al hijo mayor del exmandatario, Luis Armando Reynoso López.

En ese año habló también de una averiguación que investigaba “la sustracción plenamente acreditada de equipo de inteligencia”, con valor aproximado de 25 millones de pesos, asignado a la corporación que encabeza. “Estaban en inventario, hay factura, pero se lo llevaron”, dijo, sin especificar sus características, aunque se presume que eran para intervención telefónica.

El fiscal advirtió que, de acreditarse los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Reynoso Femat podría seguir tras las rejas porque no alcanzan derecho a fianza, a diferencia de los procesos en curso, incluido el que ameritó su detención el viernes: la presunta compra de dos predios al doble de su precio real. Su valor comercial era de 27 millones de pesos y su administración pagó por ellos 54 millones, según el procurador.

Poco después de que Reynoso Femat fuera presentado en el Juzgado Primero de lo Penal, su abogado, Julio César Serna Ventura, denunció que su detención fue “arbitraria e ilegal”, pues, según él, no había mediado una orden de aprehensión.

Muñoz Vázquez aclaró el sábado que medió una “orden de localización y presentación, en calidad de testigo” girada por el ministerio público y que durante ese proceso llegó la orden de aprehensión cursada por el Juzgado Primero de Distrito por el delito de peculado, que se cumplimentó de inmediato.

Ese día Reynoso Femat rindió ahí su declaración, aunque, luego de ratificar que su aprehensión había sido “fuera de la ley”, se reservó su derecho a solicitar libertad bajo caución, con el argumento de que el respectivo documento era “impreciso” y hasta “incomprensible”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), según trascendió, está solicitando una fianza de aproximadamente 27 millones de pesos para garantizar la reparación del daño. El exgobernador panista, conforme a ley, tiene 72 horas, a partir de su detención, para aportar pruebas a su favor.

Por tanto, se prevé que el lunes se definirá si situación jurídica, que puede ser libertad bajo caución o auto de formal prisión.

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