CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la agrupación Artículo 19 denunciaron, por separado, ante senadores, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha cometido graves irregularidades y omisiones.
Lo anterior, en víspera de que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, comparezca este martes ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
En un documento enviado a esa comisión, la CMDPDH afirma que el Ombudsman nacional ha violado los derechos de las víctimas, al negarles el acceso a expedientes sobre violaciones a los derechos humanos, contrario a lo que dispone la ley del organismo, el reglamento interior, la Ley General de Víctimas, la Constitución y tratados internacionales de los que México es parte.
También denuncia que la CNDH "ha negado los resultados de los Protocolos de Estambul, incluso cuando el Poder Judicial lo ha solicitado, lo que impone un obstáculo al proceso de persecución e impide el derecho de la víctima a un recurso adecuado y efectivo".
Además suele dar por concluido el seguimiento a las recomendaciones emitidas en contra de autoridades, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), "por el simple hecho de que los funcionarios de dicha institución ofrecen una indemnización a la víctima; lo cual es inaceptable pues no garantiza la reparación integral del daño".
Y cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos y está involucrada la Sedena, la CNDH demora injustificadamente la integración de los expedientes de la queja.
El organismo civil señala que envió información al Senado sobre el caso de cuatro civiles que fueron torturados por funcionarios de la Sedena, forzados a declarar en su contra y quienes se encuentran recluidos en un centro penitenciario. "A cuatro años de que se presentó una queja ante la CNDH, el caso aún no se determina ni se ha emitido recomendación alguna".
Por su parte, Artículo 19 expone una serie de recomendaciones generales, leyes que inhiben la libre manifestación pública, mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de transparencia institucional.
Dice que si bien existe un avance para determinar las obligaciones de las autoridades implicadas en agravios a periodistas, "no agota la obligación de la CNDH de investigar cada caso de violación a derechos humanos de periodistas, atendiendo los hechos y circunstancias particulares".
Sobre leyes que inhiben la protesta social, Artículo 19 indica que el informe "Control del Espacio Público: sobre retrocesos en la libertad de expresión y reunión en el actual gobierno", publicado el 9 de abril pasado, alerta sobre 14 iniciativas de ley a nivel federal y estatal que criminalizan las protestas.
Una de ellas, detalló, es la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, aprobada por el Congreso local de esa entidad, así como la impulsada por el Congreso de Chiapas, mediante un código que establece el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y, finalmente, la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
Ante ello, se requiere una mayor proactividad de la CNDH, "puesto que dicha institución encargada de velar por la vigencia de los derechos humanos en el país y ha quedado al margen de estas discusiones".