CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite las dos acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) en contra de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Justo en la víspera de que se cumpliera un mes de su promulgación, la CNDH y el IFAI interpusieron sus respectivos juicios demandando la invalidez de algunos de los artículos del nuevo ordenamiento penal.
La Corte admitió a trámite la demanda, pero no suspendió la vigencia de la ley.
Dicho Código, que entrará totalmente en vigor en enero de 2015, regirá las investigaciones criminales y los procesos orales en todo el país.
La CNDH pidió en su demanda que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucionales 13 artículos del nuevo Código, relacionados con la geolocalización sin orden judicial de celulares y equipos de cómputo, las atribuciones a policías de investigación y las medidas cautelares que pueden imponerse contra quienes sean acusados de algún delito.
También, la impugnación también incluye el artículo 155 que enumera las 14 medidas cautelares que los jueces están facultados a imponer a los procesados, entre ellas, la obligación del reo de presentarse periódicamente ante el juez, la exhibición de garantías económicas y el embargo de bienes, la prohibición de concurrir a ciertos lugares o reuniones, la separación del domicilio y la colocación de localizadores electrónicos, entre otras medidas.
La CNDH impugnó además los artículos relacionados con las facultades del Ministerio Público para asegurar cuentas y llevar el registro forzoso de detenidos que no cooperen, así como las atribuciones de los jueces para mantener el orden en las audiencias, incluido el arresto hasta por 15 días, y las actuaciones de investigación que no requerirán permiso de los jueces de control.
Según la CNDH, las operaciones encubiertas, las entrevistas a testigos y las revisiones corporales no pueden realizarse sin control judicial. En general, para la CNDH, el Código Nacional de Procedimientos Penales es violatorio de los derechos humanos.
Por su parte, el IFAI esgrimió la inconstitucionalidad de sólo un artículo, el 303, que faculta a las Procuradurías ordenar a las empresas concesionarias de telecomunicaciones la geolocalización de aparatos electrónicos relacionados con la investigación de un delito.
También les permite preservar los datos hasta por 90 días en los casos de delitos relacionados o cometidos con medios informáticos. Según su consideración, ello viola la protección de los datos personales.
Hay que recordar que en enero pasado, los ministros avalaron –por ocho votos contra tres– la llamada ley de geolocalización, norma que permite a la Procuraduría General de la República ubicar teléfonos celulares relacionados con crímenes sin necesidad de una orden judicial y sólo en caso de que se muestre que la víctima corre peligro, o sea de "extrema urgencia"
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