HERMOSILLO. El Congreso de Sonora está en la disposición de atender la controversia constitucional que promovió el gobierno federal en contra de algunos artículos de la Ley de Educación para el Estado de Sonora.
El presidente de la LX Legislatura, Luis Serrato Castell, expuso en entrevista que "estamos enterándonos de esta controversia y esperamos conocer los detalles de la misma para tener mayores elementos".
El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) dijo que el recurso que se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se refiere a ciertos criterios del marco legal y no a todo el articulado del mismo.
Seguramente serán temas que conforme se desahogue este procedimiento jurídico se irán conociendo y afinando para avanzar, expresó el legislador.
Enfatizó que el interés general es tener una educación de calidad para la niñez y la juventud de Sonora.
Dijo que en este tema sobre la controversia constitucional en torno a la armonización de las leyes General de Educación y de Educación para el Estado de Sonora, que parte de la reforma constitucional en la materia se podrán afinar acuerdos.
"Creo que el interés superior de todos es que avancemos en mejorar la calidad de la educación en nuestro país y ese nunca será tema agotado, por lo que la disposición a desahogar este recurso siempre estará presente por parte del Congreso del Estado", resaltó.
El 11 de marzo pasado el pleno del Congreso estatal aprobó por unanimidad el decreto para armonizar los preceptos contenidos en la Ley de Educación para el Estado de Sonora con el marco normativo que contempla la Constitución y la ley federal en la materia.
El documento aprobado se fundamenta en la iniciativa de la Comisión de Educación y en la presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal, así como en las aportaciones de las secciones 28 y 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Asimismo, se tomaron en cuenta las consideraciones de la Asociación Estatal de Padres de Familia y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en la entidad.
En el caso de Sonora, la controversia se promovió en contra de 27 artículos porque se detectaron irregularidades que establecen como marco normativo para el Servicio Profesional Docente todo lo consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos anteriores o posteriores a la Reforma Educativa.
También permite a los docentes separarse de sus puestos de trabajo con goce de sueldo, modifica los parámetros de ingreso y promoción al servicio profesional docente y reconoce un escalafón, aun cuando la reforma educativa prevé la promoción a través de las evaluaciones.
Asimismo, la legislación educativa de Sonora otorga a los órganos estatales atribuciones, así como la definición de estándares para la evaluación educativa.