Sociedad

Centros de Justicia Penal Federal inician operaciones en 2 estados

El CJF señaló que estos centros en Puebla y Durango, expresan el nuevo modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que debe operar antes de junio de 2016 en todo el país.
Notimex
24 noviembre 2014 11:17 Última actualización 24 noviembre 2014 11:18
 [Se pretende implementar juicios orales, uso de brazaletes y penas alternas / Cuartoscuro]

[Se pretende implementar juicios orales, uso de brazaletes y penas alternas / Cuartoscuro]

CIUDAD DE MÉXICO. Este lunes iniciaron funciones los dos primeros Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) en los estados de Durango y Puebla, en el marco de la aplicación del nuevo sistema de Justicia Penal en México, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Precisó que de esta manera se responde a los lineamientos constitucionales que marcan la nueva forma de aplicación de una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita a la que toda persona tiene derecho.

Detalló que en los dos centros operarán juzgados y tribunales que impartirán justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, y que de esta manera se crean nuevos órganos jurisdiccionales de este tipo en todo el territorio nacional.

Los Centros de Justicia expresan el nuevo modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que debe operar antes de junio de 2016 en todo el país, aseveró el órgano colegiado.

Indicó que el inicio de labores de los centros de justicia de Durango y Puebla reafirma su convicción con la impartición de una justicia penal con un sentido más humano, y el fortalecimiento de los derechos y libertades de las personas.

El Consejo de la Judicatura aseguró que continuará trabajando para “hacer del nuevo Sistema de Justicia Penal la piedra angular de cambio para México, donde las víctimas del delito no sean revictimizadas por actos de autoridades, y los procesados no sean víctimas del Estado”.

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