Sociedad

CDHDF pide investigar maltrato a adolescentes recluidos en el DF

De acuerdo a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal, 22 adolescentes y jóvenes, quienes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando.
Rafael Montes
04 agosto 2014 14:57 Última actualización 04 agosto 2014 14:57
CDHDF (Cuartoscuro)

La CDHDF emitió una recomendación al GDF por el maltrato a 22 adolescentes y jóvenes. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión de Derechos Humanos de DF (CDHDF) emitió dos recomendaciones al gobierno de la ciudad, una contra la Secretaría de Gobierno, por uso indebido y desproporcionado de la fuerza, violar el derecho a la salud, a la justicia y por tratos crueles, inhumanos y degradantes en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA) de San Fernando, y contra la Procuraduría de Justicia capitalina, por violar el debido proceso y detención a un ciudadano.

La recomendación 3/2004, contra la Secretaría de Gobierno, derivó de una queja iniciada de oficio y está dirigida a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del Distrito Federal por el modo en que fue contenida una riña el 17 de mayo del 2012.

“Fue contenida de manera inadecuada por los guías técnicos que haciendo uso excesivo de la fuerza los separaron, los condujeron a los dormitorios y los encerraron. Luego los hicieron salir y les ordenaron desnudarse y acostarse en el piso, propinándoles puñetazos, puntapiés y golpes con toletes y escudos; además utilizaron tres perros para intimidarlos”, dice el documento.

La CDHDF acreditó la afectación al derecho a la integridad personal de 22 adolescentes y jóvenes, quienes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Probó que se violó su derecho a la salud al retrasar de manera injustificada la atención médica de urgencia y acreditó que se vulneró su derecho de acceso a la justicia al impedírseles comunicarse con la instancia que en esos momentos podía brindarles condiciones para la defensa adecuada de sus derechos.

La comisión señaló como causa de esos maltratos la falta de especialización del personal que entra en contacto con las y los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, la inexistencia de un cuerpo de seguridad con formación especializada en trabajo con adolescentes y jóvenes y la falta de normatividad específica que regulen la materia y den certeza jurídica a este grupo de población.

Sobre el caso, la CDHDF pidió que en un plazo máximo de seis meses repare el daño a los agraviados, que elabore un protocolo de canalización y atención inmediata a los servicios de salud, de los adolescentes y jóvenes que se encuentran al interior de las Comunidades de Tratamiento Especializado para Adolescentes.

Además, que en un plazo de un año forme a un cuerpo de funcionarios encargados de la custodia, seguridad y protección de las personas que se encuentran en esos lugares, que no sea parte de los cuerpos de seguridad pública y que tengan un perfil especializado en atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

También pidió que en un plazo que no exceda los seis meses participe en el diseño de una política pública que incluya diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación, que tenga por finalidad prevenir y erradicar la violencia institucional y la que pudiera generarse al interior de las comunidades.

Contra la Procuraduría de Justicia, la CDHDF actuó en la recomendación 4/2014 a petición de un ciudadano agraviado por la falta de comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra en la etapa de averiguación previa.

Eso, aseguró la CDHDF, generó como consecuencia que no se hagan efectivas las garantías relativas a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa y a ser asistido por un defensor de su elección y, con ello, se afectó el derecho a la defensa adecuada, “por lo que no se trata de un juicio justo que además, impacta en la presunción de inocencia y en su derecho a la libertad personal”.

Se trata de Alejandro Muñoz Reséndiz, secretario tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el periodo comprendido del 15 de julio de 2008 al 14 de julio de 2010, quien fue acusado por el entonces secretario general del SME y otros cuatro electricistas por el presunto delito de administración fraudulenta, el 30 de mayo de 2011.

Sin embargo, fue hasta el 4 de septiembre de 2012, cuando el agraviado tuvo conocimiento de las imputaciones en su contra al momento de ser aprehendido por la Policía de Investigación del Distrito Federal, pues mientras se le buscó con citatorios, no respondió.

La CDHDF recomendó armonizar las reglas para supervisar las notificaciones de carácter personal tanto para las personas víctimas y ofendidas del delito como las probables responsables.

Además, en un plazo no mayor de 60 días naturales, reparar integralmente a la víctima por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado por las violaciones a sus derechos humanos, así como realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio en favor de la víctima.

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