Sociedad

Áreas naturales pagarían las consecuencias de la reforma energética, advierten ambientalistas

Greenpeace critica nuevos decretos ambientales y afirma que los ecosistemas del país están en riesgo, principalmente tras la reforma energética.

CIUDAD DE MÉXICO. Los ecosistemas de México, en particular la Áreas Naturales Protegidas (ANP), se encuentran en grave riesgo ya que a partir del próximo año las empresas podrán desarrollar en esas zonas infraestructura del sector energético.

Así lo advirtió Greenpeace México, quien informó que el pasado 31 de octubre el Presidente de la República dio paso a una serie de decretos en materia ambiental que no fueron discutidos por los legisladores.

La organización ambientalista explicó en conferencia de prensa que el ejecutivo creó y dio paso al reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual será la encargada de emitir las normas, otorgar permisos, modificar ordenamientos territoriales y verificar el ordenamiento de la Ley.

"Crearon una agencia a modo especial para el sector de los hidrocarburos, una Semarnat chiquita, que le quita capacidad al Estado y que actualmente no tiene ni la capacidad de realizar su trabajo", aseguró Alberto Rojas, enlace legislativo de Greenpeace.

Por su parte, Silvia Díaz vocera de la organización destacó que dichos decretos que reforman diferentes reglamentos ambientales son preocupantes y deben de ser denunciados, pues "el presidente Enrique Peña Nieto no escucha sólo decreta, y ello debilita los reglamentos ya publicados".

De las reformas planteadas, advirtió Alberto Rojas, es de suma gravedad lo relacionado con el Ordenamiento Ecológico y Territorial ya que hay un retroceso. "Este instrumento que garantizaba proteger al territorio con base en su vocación, usos y manejo sustentable de los recursos naturales, ahora se convierte en letra muerta al excluir las actividades del sector hidrocarburos de la obligación de cumplir con la fase de diagnóstico y pronóstico", agregó.

Insistió que se modifican los ordenamientos ecológicos territoriales vigentes, para facilitar la implementación de obras o actividades del sector hidrocarburos, lo que tira por la borda años de planeación y elaboración de decenas de ordenamientos ecológicos vigentes.

"Esto es grave porque genera una falta de certeza jurídica y anula beneficios que se derivan de la regulación territorial en donde se encuentran estos instrumentos. Es un tema de arbitrariedad, ya que es la misma autoridad la que solicita el cambio de uso de suelo para facilitar la operación industrial y no la protección del patrimonio".

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