Sociedad

Abrir calles y dejar zanjas abiertas, una práctica sin castigo en el DF

Las compañías que abren las calles para introducir ductos de gas, telefonía, agua, fibra óptica y luz no están obligadas a reparar el daño ya que las sanciones correspondientes quedaron pendientes en las reformas al Reglamento de Construcciones del DF.
Rafael Montes
13 enero 2015 22:41 Última actualización 14 enero 2015 5:0
Empresas públicas y privadas incurren en las mismas faltas. (Archivo/Cuartoscuro)

Empresas públicas y privadas incurren en las mismas faltas. (Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. Aunque el lunes se anunciaron modificaciones al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para evitar que las edificaciones en curso de la capital sean suspendidas por fallas subsanables y que no pongan en riesgo la vida, en dicha normatividad quedó pendiente una reforma que fue propuesta desde el año pasado para sancionar a las empresas de telecomunicaciones o gas natural que dejen zanjas abiertas en el asfalto de la ciudad.

Desde el 2014, la Agencia de Gestión Urbana, que encabeza Fernando Aboitiz, planteó la posibilidad de aplicar sanciones, principalmente el retiro de la licencia de construcción, a las empresas que destruyan el pavimento para realizar obras de introducción de ductos en el subsuelo y no restablezcan las condiciones de las calles a su estado original.

Las disposiciones propuestas al reglamento incluyen la calendarización de los trabajos para un mayor control de la intervención en el suelo y una alineación con las prioridades de las dependencias de la ciudad, como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin embargo, esa reforma no ha sido aprobada por el gobierno local ni publicada en la Gaceta Oficial.

También está pendiente de discutirse la Ley de Servicios Urbanos que la misma AGU propuso al Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con El Financiero, Aboitiz, explicó que la reforma al Reglamento de Construcciones pone orden en las obras en vía pública.

Dicha normatividad reconoce a la AGU como la instancia que dirime diferencias en materia urbana, obliga a las empresas privadas y los órganos públicos a entregar su programación de obras en la vía pública de todo el año, establece que tienen que solicitar licencia de construcción y fija una supervisión para la ejecución de los trabajos de las empresas en la vía pública.

El reglamento da facultad a las delegaciones de sancionar a las empresas incumplidas, lo que a la fecha no es posible, y por lo cual, las calles de la ciudad están en malas condiciones por zanjas mal cerradas o simplemente no cerradas, o por obras de la Comisión Federal de Electricidad o del SACM que no dejaron el piso parejo.

Aboitiz acusó que las delegaciones han fomentado la impunidad de las empresas que destruyen el pavimento al no supervisar ni castigar.

“Dan una licencia especial y la delegación, se supone, es la que tiene que supervisar, pero realmente nos enteramos por las quejas de la gente de que las cosas no están bien… Lo más que puede hacer una delegación es quitarles la licencia (…), pero es rarísimo los casos en que le suspendan una licencia especial”, explicó.

–¿Hay cierta impunidad?
–Sí, a la fecha sí. Las delegaciones te alegan que no tienen personal suficiente. Entonces empieza el debate de que si le toca al Invea, que si le toca a la delegación y todo mundo se echa la bolita.

La Ley de Servicios Urbanos busca poner orden en la vía pública para que todas las obras que se realicen tengan el visto bueno de las dependencias necesarias para garantizar que la calle quede en buenas condiciones para todos sus usuarios.