Al menos 20 funcionarios estatales son investigados por señalamientos de encubrimiento y tortura a sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por militares mexicanos a mediados de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.
El procurador estatal, Alejandro Gómez, dijo que entre los 20 funcionarios se encuentran ministerios públicos, peritos y agentes de la policía de investigación.
"Ninguno ha sido separado del cargo todavía sobre la base del principio de presunción de inocencia", declaró el procurador ante periodistas y aclaró que no hay un plazo para determinar si alguno de esos funcionarios incurrieron o no en alguna responsabilidad penal.
El 30 de junio murieron 22 presuntos delincuentes en una bodega de Tlatlaya a manos de militares. El ejército dijo inicialmente que todos habían fallecido tras un enfrentamiento, aunque luego se supo que varios fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados. Tres mujeres sobrevivieron.
Las autoridades federales han dicho que ocho de los 22 muertos fueron asesinados después de rendirse, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte propio que al menos 12 y hasta 15 de ellos habrían sido ejecutados extrajudicialmente.
La misma comisión concluyó que funcionarios de la Procuraduría del Estado de México, que investigó inicialmente el caso, intentaron encubrir los hechos e incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra el menos dos de las tres sobrevivientes.
Una de las testigos narró hace unas semanas a The Associated Press las torturas a las que fue sometida. Cuando se negó a firmar una declaración falsa de que los 22 presuntos criminales habían muerto en un enfrentamiento con el ejército, funcionarios del Estado de México le patearon las costillas, le pusieron una bolsa sobre la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon en la cabeza, dijo la testigo, que habló bajo la condición de no ser identificada por temor a las represalias.
Además, documentos judiciales obtenidos también recientemente señalaron que las autoridades estatales supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen.
El procurador dijo también que su oficina trabaja en cumplir las recomendaciones que le hizo la comisión de derechos humanos, entre ellos indemnizar a las tres sobrevivientes y dar cursos a su personal sobre preservación de evidencias y respeto a los derechos humanos.
Gómez señaló que una vez que concluya su investigación sobre sus funcionarios, se determinará el monto definitivo con el que se indemnizará a las sobrevivientes.