Fernando Ramírez de Aguilar L.
El trueque de policías comunitarios por militares ocurrido en tierra caliente, Michoacán, es un hecho inédito y preocupante, refleja 12 años de abandono del Estado en esas comunidades y la pérdida de confianza en las autoridades federales.
Daniel Márquez Gómez, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que por ello será difícil que se logre el desarme de las comunidades.
El despliegue de las fuerzas federales a la zona de tierra caliente, en el municipio de Buenavista Tomatlán, no les ofrece ninguna garantía de seguridad a los habitantes, además de que el grupo conocido como los Caballeros Templarios ha actuado más que como banda de delincuencia organizada, como una guerrilla, y muestra de ello es el bloqueo al abasto de alimentos y combustible, así como el cobro de impuestos de piso y a la producción.
El experto agregó que el gobierno federal y estatal no han hecho nada todavía para generar confianza, lo cual afecta a las fuerzas armadas.
Las autoridades piden el desarme de los grupos de autodefensa y a la población que denuncie a los delincuentes, pero el problema es que durante muchos años lo único que han obtenido de las autoridades es el abandono.
Lo anterior puede apreciarse en regiones que incluyen a Guerrero y Tamaulipas, donde grupos regionales tienen el control, con el respaldo de grupos de autodefensa, que actúan de manera paralela a las institucionales.
El investigador de la UNAM considera que lo que ocurre en diversos municipios de tierra caliente, en Michoacán, "es que amplios sectores de la población de esa zona -al igual que en la región de la montaña de Guerrero- se han organizado para autodefenderse, y de hecho hay una guerra civil soterrada, porque grupos delincuenciales son respaldados por algunas comunidades.
Abundó que la coordinación entre el gobierno federal con el estatal y los municipales puede rendir frutos si se garantiza la estabilidad económica y social de la región, y se realiza un trabajo de inteligencia para acotar a los grupos delincuenciales. Ese trabajo debe llevar no sólo a la captura de las cabezas de esos grupos delictivos, sino hasta a los más bajos en el nivel de la estructura, como son los llamados "halcones" o vigilantes.
Incapacidad, implícita
Académicos de la Universidad Iberoamericana (UIA) estiman que "a un ritmo que resulta cada vez más alarmante, han ido apareciendo a todo lo largo y ancho del país diferentes grupos de ciudadanos organizados y dispuestos a defenderse, a sí mismos y a sus comunidades, de la violencia y el crimen organizado. Su presencia es indicativa de la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para brindarles seguridad".
La doctora Laura Zamudio González, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la UIA, señala que habitantes de 9 estados del país han optado por la autodefensa. En sus comunidades levantan mantas con leyendas tales como: "Si el Estado no puede, nosotros sí", o "Cuidado, aquí los ciudadanos vigilamos, aquí castigamos". En algunas localidades, como Michoacán y Guerrero, han instalado retenes y controlan el paso.
Al respecto, el doctor Mario Cruz Martínez, coordinador de la maestría en derechos humanos de la UIA, sostiene que aunque el artículo segundo constitucional reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas, esto no significa que los grupos de justicia comunitaria que existen ahora en México puedan ejercer funciones judiciales, pues esta labor es exclusiva del Estado mexicano.
Información proporcionada por El Financiero Diario.
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