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El Senado de la República avaló la reforma a la fracción XXI del Artículo 73 constitucional, para que el Congreso pueda expedir una legislación única de procedimientos penales, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en todo el país, en fueros federal y común.
El proyecto, aprobado con 103 votos a favor y 7 en contra, plantea que autoridades federales conocerán de delitos del fuero común, cuando se relacionen con conductas ilegales federales o contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
Asimismo, sugiere que el Congreso también tenga facultad para emitir las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades, el Distrito Federal y los municipios.
Además, propone facultar al Congreso para establecer los delitos y las faltas contra la Federación, las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como para legislar en materia de delincuencia organizada.
En el dictamen se considera que en las materias concurrentes previstas en la Carta Magna, las leyes federales deben establecer los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.
Destacaron que al no reservarse como una facultad exclusiva de la Federación, se permitió que cada estado pueda expedir su propio ordenamiento y eso generó la coexistencia de diversas legislaciones penales, claramente distintas en la medida en que cada una ha sido producto de una visión teórica y epistemológica diferente.
Por ello, se propuso unificar la legislación procesal penal, a fin de que los criterios político-criminales a observarse en dicho procedimiento se uniformen y eviten que en el país haya distintas formas de procurar y administrar la justicia.
Además, enfatizaron los legisladores, se sugirió la homologación de los mecanismos para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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