Política

Senado aprueba castigar tortura con 24 años de cárcel

12 febrero 2014 5:27 Última actualización 24 abril 2013 19:2

 [Cuartoscuro]  También se impondrán sanciones a funcionarios.


 
Notimex
 
El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, una reforma que sanciona hasta con 24 años de cárcel a quien cometa actos de tortura en México y obligó a funcionarios a denunciar cualquier indicio de este delito.

En la sesión de este miércoles, se aprobó por 73 votos el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos, mediante el cual se reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma que modifica su denominación para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura.

Con los cambios, turnados a la Cámara de Diputados, se establecen hasta 24 años de prisión a quien cometa este delito, de manera sistemática y como parte de un ataque generalizado, en contra de una población civil.

Asimismo, se sustituye la definición del delito de tortura como acto cuya intencionalidad es la de infligir sufrimiento, tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir sus capacidades.

Se establece la obligación a los servidores públicos de denunciar cualquier acto de tortura, e impone penas que incluyen desde la multa hasta la inhabilitación, que se aumentan si se comete como un acto sistemático contra la población civil.

El Senado modificó la minuta que le envió la Cámara de Diputados e incluyó esta agravante, en la que se indica que, en este caso, la tortura será imprescriptible.

Entre otros cambios, destaca la observación para que las disposiciones de la ley sean de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de fuero federal. Originalmente se distinguía su aplicación en todo el territorio nacional en materia de fuero federal y en el Distrito Federal en materia de fuero común.

Además, se estipula que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá realizar las visitas y supervisiones que considere pertinentes, a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social, y en los órganos dependientes del Ejecutivo federal encargados de la procuración de justicia.

Se incluye que comete el delito de tortura el servidor público que, intencionalmente, realiza cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona sufrimiento físico o mental, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
En contraste, se establece que no se consideran como tortura las molestias o penalidades que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, las inherentes a éstas, derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Ello, siempre que no incluyan la realización de actos prohibidos por la Constitución Política, los tratados internacionales o por la propia Ley, además que los delitos previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio.

En lo referente a sanciones, quien cometa tortura será acreedor de siete a 16 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público de manera permanente.

Se aplicará la misma pena al servidor público que pudiera evitar que se cometa la tortura, o al que autorice o tolere que un particular cometa alguna o algunas de estas conductas.

Se aumenta la pena en una mitad, es decir un total de 24 años de prisión, cuando se cometa el delito de tortura contra una comunidad completa o sea un ataque generalizado a la sociedad civil.
 
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