Sofía Huerta
El Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Víctimas y cambios al 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, el documento quedó aprobado con 103 votos a favor y cero en contra. Por su parte, el Partido Acción Nacional en el Senado confrontó a los partidos PRI y PRD por las reformas que promueven esta ley.
El senador panista, Roberto Gil Zuarth consideró que el dictamen que discuten en la Cámara alta no ha sido analizado con detenimiento y acusó a PRI y al PRD de buscar aprobarlas con rapidez para quedar bien con activistas. Por su parte, la priista Arely Gómez defendió el documento argumentando que su aprobación garantizará que el Estado apoye a las personas afectadas por la violencia en el país.
Mientras tanto, la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace mencionó que confía en que el Senado aprobará la reformas a la Ley General de Víctimas, para dar una verdadera funcionalidad a dicho marco legal y que no se convierta en "letra muerta".
"Esperamos que en esta fecha tan significativa tengamos una verdadera Ley General de Víctimas, porque eso es lo que las víctimas necesitan", externó la ex candidata al gobierno del Distrito Federal. Así mismo, agregó que los legisladores de todos los partidos deben ser sensibles a la necesidad de concretar esta reforma que no sólo busca mitiar los daño a las víctimas del plagio, sino de otros delitos que se cometen.
Desde este jueves, el pleno del Senado discute la propuesta impulsada por un grupo de Activistas para reformas que apoyen a las víctimas afectadas por la violencia en México. La legislación fue promulgada a principios de enero por activistas como Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.
Entre los cambios destacados, se incluye en la definición de víctimas a "los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieren sido afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, como resultado de la comisión de un delito o de la violación de derechos".
Asimismo se establece que el Sistema de Seguridad Pública recabará y concentrará información estadística sobre las víctimas en todo el país, y que la información tendrá carácter público pero sin incluir datos personales.
Con información de Notimex.
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