Eduardo Ortega
El Consejo Rector del Pacto por México retomó la dinámica de los consensos e incorporó, a los 95 compromisos, un marco para evitar el uso electoral de los programas sociales y acordó apurar la presentación de un paquete reformas político-electorales y aprobarlas en un periodo extra de sesiones del Congreso.
Destacó, igualmente, el acuerdo de los dirigentes del PRI, PAN y PRD, así como del gobierno federal y los representantes del Congreso para impulsar la creación del Sistema Nacional de Programas Sociales, que permita combatir con mayor eficacia la pobreza; evite las duplicidades y los subsidios regresivos, y establezca evaluaciones permanentes y transparencia integral de éstos.
Al dar a conocer un apartado de 11 puntos que se apegaron al Pacto por México, evidenció que ocho de éstos están enfocados a blindar los programas sociales de un uso electoral.
El acto, realizado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, fue encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes del PAN, Gustavo Madero; del PRI, César Camacho, y del PRD, Jesús Zambrano.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comentó que en las mesas de trabajo participarán tanto los miembros que conforman el Consejo Rector como los líderes parlamentarios de ambas cámaras, con el objetivo de acelerar el proceso legislativo de las iniciativas de ley relacionadas con las deudas estatales, transparencia y combate a la corrupción.
El Adéndum
El documento firmado y referido como Adéndum del Pacto por México, establece ocho nuevos compromisos de blindaje:
De ellos, destaca que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asume el compromiso de investigar las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados, de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
Además, se señala en el documento, los gobernadores se comprometerán a no utilizar recursos públicos para favorecer a un partido político o candidato y a no entregar despensas ni utilitarios.
Sobresale el compromiso para definir, de manera conjunta, los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales, subdelegados y principales operadores de las dependencias responsables de manejar programas sociales, en el cual el Ejecutivo se basará para realizar los nombramientos para asegurar su idoneidad.
Información proporcionada por El Financiero Diario.