SCJN: trata de personas, severo problema en México
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SCJN: trata de personas, severo problema en México

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Política

SCJN: trata de personas, severo problema en México

03/05/2013

 

Notimex

Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que la trata de personas constituye un severo problema social, por lo que los Poderes del Estado tienen la gran responsabilidad de prevenirla, combatirla y sancionarla.

Enfatizó que esto, con el fin de acabar con la violación de los derechos humanos que sufren niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas migrantes, víctimas de explotación sexual y laboral, así como de tráfico de órganos.

Señaló que en México la pobreza, la falta de alternativas económicas, los bajos niveles de educación, la carencia de vivienda u hogar, la violencia, discriminación de género y el abuso en el uso de las drogas, son factores de riesgo que facilitan la comisión del delito de trata.

"Por ello, a la luz de esta realidad y de las obligaciones que nos impone en forma destacada el Artículo 1 de la Constitución, debemos conjugar y coordinar esfuerzos en los que cada uno de los actores institucionales asumamos decididamente la responsabilidad que nos corresponde", apuntó.

Al inaugurar el Foro de Análisis Retos para la Implementación de la Ley General de Trata de Personas, reiteró el compromiso del Poder Judicial de la Federación para que ministros, magistrados y jueces federales mantengan el esfuerzo de actualizarse para aplicar el Derecho con más y mejores herramientas.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, lamentó que la trata de personas sea la nueva forma de esclavitud en la sociedad, por lo que es necesario que las estructuras del país se unan para acabar con esta nueva forma con la que actúa la delincuencia organizada.

En tanto, el director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Mario Luis Fuentes, indicó que la trata de personas es un delito que constituye una de las mayores amenazas al orden constitucional, porque atenta y vulnera la dignidad y la libertad de las personas.