Política

SCJN atentó contra garantías al rechazar consultas: diputados

Legisladores federales de diversos partidos señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó derecjos constitucionales de la población al rechazar las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y energía.
Víctor Chávez
11 noviembre 2014 18:44 Última actualización 11 noviembre 2014 18:44
San Lázaro

(Tomado de www.facebook.com/camaradediputados)

CIUDAD DE MÉXICO.- Al recibir las notificaciones de la Suprema Corte y dar por concluido el expediente, diputados federales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo acusaron en tribuna que las resoluciones de los ministros sobre las solicitudes de consultas populares "negaron derechos constitucionales a los ciudadanos".

En tanto, el Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se pronunciaron por respetar los fallos.

Los legisladores fijaron la posición de sus bancadas este martes en el Pleno, respecto a las posiciones de la SCJN, relativas a las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y sobre energía.

La diputada priista Martha Gutiérrez Manrique subrayó que los legisladores, como artífices de las legislaciones, deben ser los primeros en respetar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.

En ese sentido, expresó que “no se vale” descalificar el trabajo de los ministros de la Corte, ya que, dijo, actuaron conforme a los instrumentos legales que otorgó el Congreso de la Unión en la reforma que dio origen a la consulta popular.

Apuntó que su fracción está abierta a la posibilidad de perfeccionar “con seriedad” este instrumento de democracia participativa para que sea viable y los ciudadanos puedan ejercer un derecho construccional.

El diputado panista Fernando Rodríguez Doval aseguró que la Corte se extralimitó en su análisis de la consulta popular sobre aumento al salario mínimo y su resolución fue “mediocre y vaga” en perjuicio de los derechos políticos de los ciudadanos que, a su vez, son derechos humanos.

Aseguró que los ministros sólo tenían que resolver si la solicitud se ajustaba al artículo 35 constitucional y en cambio se erogó facultades para afirmar que la petición podría tener efectos negativos en la inflación.

Subrayó que su bancada presentará iniciativas para reformar ese artículo constitucional y la Ley Federal de la Consulta Popular, para que sea un instrumento viable para los ciudadanos. Asimismo, afirmó que propondrán en el Congreso de la Unión la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida para poder incrementarlo.

La diputada perredista Amalia García Medina subrayó que el derecho de los ciudadanos a participar en consultas populares es un mecanismo de democracia directa que “ya está en la Constitución”, el cual debería prevalecer en cualquiera de los poderes públicos, pero “lamentamos decir que ha sido conculcado (este derecho)”.

Con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la solicitud de consulta popular en materia energética, “se niega a millones y millones que firmaron la solicitud de consulta, se le niega a todo México, el derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y futuro”.

“Por eso discrepamos de la SCJN y lo decimos de manera clara y subrayada: no estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución”, destacó.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del MC, afirmó que en la decisión de la SCJN de negar la realización de las consultas existió simulación, además de una visión conservadora y de consigna.

Los ministros al negar la posibilidad de que el pueblo de México se manifestara a través de vías institucionales, especialmente en la consulta promovida por Morena, evidenciaron un contexto de exclusión, de negocios al amparo del poder, afirmó.

Mejía Berdeja consideró que en el país existe una crisis nacional a nivel económico, político, social y en el ámbito humanitario que trae consigo afectaciones a los derechos humanos y a la moral pública.

“El país atraviesa por una polarización social, y el régimen representado por la Corte ha optado por el endurecimiento y cerrar las vías institucionales para que el pueblo se exprese”, indicó.

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