Política

PRI impulsará convocatoria para periodo extraordinario

El coordinador del PPRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, anunció que se propondrá a dicha instancia que pida a la Comisión Permanente convocar al periodo extraordinario para concluir con el proceso legislativo de la reforma energética.
20 julio 2014 13:18 Última actualización 20 julio 2014 13:19
Manlio Fabio Beltrones

(Cuartoscuro)

A fin de que los diputados discutan las reservas de las minutas e iniciativas de leyes secundarias en materia energética, la bancada priista propondrá a la Junta de Coordinación Política realizar las gestiones para convocar a periodo extraordinario.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, anunció que se propondrá a dicha instancia que pida a la Comisión Permanente convocar al periodo extraordinario.

Según un comunicado, se trata de continuar con este método de trabajo hasta concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia energética, aprobada en 2013 por el Congreso de la Unión.


La reforma energética, afirmó, es en beneficio de todos; no es para afectar o despojar, sino para consolidar al país como una potencia energética, promover el desarrollo y la competitividad de la industria nacional.

Con ello, puntualizó, se tendrán precios accesibles de luz y gas natural, pero sobre todo se resguarda, en todo momento, la propiedad nacional de los hidrocarburos y la rectoría del Estado en el sector de energía.

Los diputados priistas, externó, están “listos para que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que se encuentra en sesión permanente desde el martes pasado, analice las minutas que se reciban de la colegisladora y las dictamine en forma de dictamen”.

El propósito básico de esta reforma es beneficiar a población, impulsar el desarrollo y la competitividad nacional y garantizar la seguridad energética, subrayó el diputado por Sonora.

El proyecto de decreto de la Ley de Hidrocarburos, sostuvo, asegura el respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en que se desarrolle esa industria.

Asimismo establece diversas opciones para la negociación del pago de una contraprestación a los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, como la renta de la tierra, el pago de un porcentaje de los ingresos por la extracción comercial de hidrocarburos y el pago de las afectaciones realizadas.

Además, los ejidos, comunidades o comuneros tendrán la asesoría de la Procuraduría Agraria para la negociación de los contratos, los cuales deberán presentarse ante un juez de distrito y ser publicados, y podrán incluir compromisos de contratación laboral de los propietarios, de su familia o miembros de la comunidad.

Beltrones Rivera resaltó también que la transparencia y el combate de la corrupción en los contratos que se otorguen para la exploración y extracción de hidrocarburos están aseguradas por el carácter público de los procesos de licitación y de los contratos, asignaciones y permisos.

En ese aspecto también coadyuva el régimen de sanciones y prohibiciones, tanto para las autoridades federales como para las personas, nacionales o extranjeras, que participen en las contrataciones o permisos.

Al respecto, el diputado federal resaltó la obligación de que los contratos incluyan en sus cláusulas un porcentaje mínimo de contenido nacional, mismo que aumentará gradualmente a partir de 2015, de 25 por ciento hasta 35 por ciento en 2025.

Lo anterior, dijo, constituye una estrategia de política industrial asociada con la modernización del sector energético, en cuanto al fomento de cadenas productivas locales en las que participen empresas mexicanas.

“En materia de electricidad, subrayamos que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) no se privatiza; se moderniza y se transforma en una empresa pública productiva, en el contexto de un mercado competitivo que alentará la generación de electricidad con base en gas natural para reducir los precios al consumidor y a las empresas”.

Al mismo tiempo, abundó, se mantienen los subsidios focalizados para quienes menos tienen y el Estado consolida su rectoría del sector a través de los órganos reguladores y el Centro Nacional de Control de Energía.

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