Notimex
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró la posibilidad de que algunos sectores agremiados interpongan amparos en contra de disposiciones de la reforma hacendaria recién aprobada por el Congreso.
Aclara que como Confederación no tiene facultades para ampararse en contra de alguna disposición contenida en la reforma, "sin embargo, hay sectores integrados a ésta que probablemente y de manera particular hagan uso de este recurso".
El presidente de la Concamin, Francisco Funtanet Mange, dijo que aunque el tema de la reforma hacendaria es un capítulo cerrado, todavía existe la posibilidad del amparo.
Expuso que la Concamin estuvo hasta el final en el proceso de esta iniciativa, en donde si bien se lograron grandes avances para garantizar una hacienda pública que beneficie a la competitividad, "es cierto que hay asignaturas pendientes que se trabajarán de manera específica y particular".
Señala que una vez concluido el proceso de la reforma hacendaria, el tema prioritario en la agenda industrial y económica es el de la reforma energética.
"Es muy importante para el crecimiento económico y la competitividad la aprobación en breve de una reforma energética integral, con cambios constitucionales que garanticen por una parte la rectoría del Estado sobre los recursos, y por la otra, aumentar la capacidad de Pemex y la CFE con la participación de la iniciativa privada".
En su opinión, los cambios en materia de crudo, gas, petroquímica y petrolíferos a los artículos 27 y 28 Constitucionales, y la Ley Reglamentaria del 27, deberán ser para mantener el dominio en manos de la nación, liberar dentro de lo que marca la ley el otorgamiento de concesiones y contratos para la explotación de hidrocarburos.
Lo anterior para permitir al sector privado invertir en aguas profundas y establecer un régimen de concesiones para la explotación de lutitas, señala.
Asimismo, reclasificar petróleo, hidrocarburos y petroquímica, de "estratégicas" a "prioritarias", para permitir la concurrencia de los sectores público y privado, así como establecer la obligatoriedad para que Pemex continúe participando en las ventas de primera mano hasta que existan condiciones de competencia efectiva.
El organismo propuso crear una Comisión de Infraestructura Energética a nivel constitucional, como un organismo independiente, con autonomía técnica y operativa, responsable de las funciones de planeación y coordinación de los sistemas de gasoductos.
Asimismo, que determine los casos en los que Pemex deba de construir la infraestructura que resulte prioritaria para el desarrollo nacional.
Propuso redefinir el concepto de industria petrolera considerando que en la misma pueden concurrir los sectores público y privado, eliminando la clasificación de petroquímica básica.
Ello implica liberarla totalmente a la inversión privada y así generar las condiciones de certeza jurídica y operativa para la realización de contratos de largo plazo, argumenta el organismo empresarial.
Asimismo, propuso permitir concurrencia de los sectores social y privado para construir y operar ductos, instalaciones y equipos, y prestar servicios de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
Ampliar la participación privada en refinación, por medio de la construcción de ductos, terminales de almacenamiento y reparto, y servicios principales (agua, vapor, electricidad, nitrógeno, hidrogeno), e infraestructura marítima.
Para Funtanet Mange, de concretarse una reforma energética acorde con las necesidades del país, la economía mexicana podría elevar de 1.0 a 1.5 puntos porcentuales su ritmo de crecimiento anual y se generarán cerca de medio millón de empleos adicionales durante este sexenio.
Por lo anterior, hizo un llamado a las distintas fracciones parlamentarias a asumir con responsabilidad y espíritu constructivo la discusión de esta reforma y concretarla a la brevedad.
Política