Política

Ponen distancia al uso político de la justicia

El Ejecutivo federal dejará de ser el jefe del Ministerio Público; será más equitativa la aplicación de la ley. La reorganización de la Procuraduría General de la República se concretará en 2018.
Eduardo Ortega
10 marzo 2014 22:21 Última actualización 11 marzo 2014 5:0
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Jesús Murillo Karam,

El actual procurador, Jesús Murillo Karam, se perfila a ser el primer fiscal; sin embargo, se deberán tomar en cuenta a 10 candidatos. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. Con la autonomía constitucional otorgada a la Procuraduría General de la República (PGR), órgano hasta ahora dependiente del Poder Ejecutivo y cuyo titular preside el Ministerio Público, se despolitiza la procuración de justicia y se propicia una aplicación más equitativa de la ley.

Como parte de la reforma político electoral promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, el Constituyente Permanente estableció que a partir del primero de diciembre de 2018 el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios.

Así el Poder Ejecutivo dejará de ser el jefe del Ministerio Público, institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal, refiere el investigador José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México.

De tal forma que los procesos de averiguación para la persecución de los delincuentes ya no podrán convertirse en treta o revancha partidista, mucho menos en la fabricación de culpables con fines mediáticos o para salir al paso de las tensiones sociales que agitan cada vez más por todos los rumbos del país ante la exigencia de justicia.

Además de ayudar a despolitizar la procuración de justicia, la creación de una Fiscalía General de la República autónoma ayudará no sólo a profesionalizar la labor del Ministerio Público, sino también a construir una lucha más eficaz contra la corrupción.

No obstante, para que todo lo anterior se concrete aún es necesario que el Congreso de la Unión apruebe la legislación secundaria para crear la Fiscalía General de la República.

Los intocables

Para enfrentar la inseguridad pública y la impunidad en la impartición de justicia, en el Congreso de la Unión se han presentado una variedad de iniciativas que proponen distintas maneras de enfrentar el problema:

El establecimiento de una policía nacional, la creación de un Código Penal Único, la ampliación del catálogo de delitos, el aumento de las penas, la obligatoriedad de la certificación de los cuerpos policiacos ligada a la asignación de recursos e, incluso, la reforma a la Judicatura Federal, entre otras.

Sin embargo, muchas de estas propuestas no podrían funcionar sin un eje que es la independencia del Ministerio Público no sólo federal sino también local.

Tanto el PAN y el PRD, como el PRI y su aliado el Partido Verde Ecologista de México han presentado propuestas para reformar al Ministerio Público, tanto en el Congreso nacional, como en los congresos locales.

De hecho, el expresidente Vicente Fox en el año 2004 fue el primero en presentar una propuesta para crear la Fiscalía General de la Federación, promesa que había hecho en campaña de dotar al Ministerio Público de autonomía.

No obstante, no todas las iniciativas le habían entrado al fondo del problema, porque no sólo implica reorientar el gasto público, sino, sobre todo, representa la pérdida del control político del presidente sobre el Ministerio Público.

En la actualidad, la PGR es el órgano del Poder Ejecutivo que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es quien preside al Ministerio Público y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos.

La figura del Ministerio Público tiene su origen en el derecho español, que preveía la existencia de funcionarios denominados fiscales, encargados de promover justicia y perseguir a los delincuentes.

Esta figura trascendió al México Independiente y fue retomada por la Constituciones Políticas de 1824, 1836 y 1843 en las cuales se establecía a los fiscales como parte de los organismos judiciales encargados de la defensa de los intereses tributarios, la persecución de los delitos y la acusación en el proceso penal, así como de la asesoría de los tribunales, a fin de vigilar la correcta administración de justicia y eran electos por el Congreso.

La Constitución de 1857 conservó la figura del fiscal y estableció un Procurador General como integrante de la Suprema Corte de Justicia.

El nexo político

Para 1917, la Carta Magna consideró la figura del Ministerio Público de la Federación en su artículo 102, cuyos funcionarios serían nombrados y removidos libremente por el titular del Ejecutivo.

Hasta antes de la aprobación de la reforma que le da autonomía al Ministerio Público, el uso político de la justicia penal era uno de los resabios más sonados del anterior régimen de gobierno.

De acuerdo con el investigador Fernández Santillán, la PGR no sólo debe tener autonomía de gestión y debe profesionalizarse, sino también debe tener legitimidad parlamentaria, ya que su titular será elegido por el Legislativo en colaboración con el Ejecutivo.

“(La PGR) debe además trabajar con el gobierno pero no de manera subordinada como hoy lo hace. Hay casos dentro del propio gobierno que la PGR muchas veces no consignaba a los funcionarios corruptos porque dependía del propio gobierno.

“Igual que la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República nunca atrapó a los peces gordos del gobierno. Ahora sí creo que hay mejores condiciones de que la fiscalía los atrape”, argumenta.

La reforma constitucional prevé la designación de un fiscal que durará nueve años en el cargo y aunque se perfila Jesús Murillo Karam a ser el primer fiscal, la regla es que la definición se tome de 10 candidatos.

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