Política

Podrían destituir a 20 alcaldes de Morelos

10 febrero 2014 5:18 Última actualización 13 agosto 2013 18:15

[Cuartoscuro]


 
 
Jorge Espíndola Hernández
 
 
Al menos 20 de los 33 presidentes municipales de Morelos, podrían ser destituidos de sus cargos al no cumplir con el pago de 430 juicios laborales emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y que ascienden a más 270 millones de pesos el monto a cubrir en los ayuntamientos demandados.
 
 

El secretario del Trabajo estatal, José de Jesús Pérez Moreno, reveló que los ediles de 20 alcaldías, entre ellas las de Tlalnepantla, Tepoztlán, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, Amacuzac, Zacatepec, Atlatlahucan, Yautepec, Cuautla y Temixco, entre otros, corren el riesgo de ser destituidos de sus cargos, tras haber incurrido en desacato por incumplimiento de la ley, al no haber cumplido con el pago de laudos laborales de empleados despedidos injustificadamente; entre los principales demandantes se encuentran síndicos, regidores y hasta ex tesoreros municipales .
 
 
El funcionario estatal aclaro que los casos concreto de Amacuzac, a pesar de ser un municipio pequeño territorialmente, enfrenta laudos por 60 millones de pesos, por lo que es necesario que se cubra de inmediato 23 millones. En Zacatepec, los pasivos que enfrenta por este concepto son por 30 millones; en Temixco, hasta el momento, se han erogado 10 millones de pesos y deben cubrirse otros 26 millones de pesos- Dicho monto, dijo, corresponde a demandas laborales heredadas por administraciones anteriores.
 
 

El responsable de la política laboral en Morelos, advirtió, que no es el gobierno estatal, sino un juez federal el que ha ordenado actuar en contra de alcaldes morelenses, por "haber incurrido en omisión ante un ordenamiento jurídico-legal, por lo que dichos alcaldes podrían ser destituidos".
 
 

Pérez Moreno aclaró que en caso de que los funcionarios del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no acaten las instrucciones de la autoridad federal puede caer en desacato y también serían sujeto a una sanción económica, así como la destitución del cargo y prisión de 3 a 9 años, en algunos casos, por haber incurrido en la omisión de un ordenamiento de un juez federal.
 
 

El funcionario estatal lamentó que históricamente los presidentes municipales han caídos en la irresponsabilidad de no estar bien asesorados laboralmente al momento de realizar el despido de empleados municipales y luego se olvidaron atender los juicios laborales que perdían después de varios años, situación por la que ahora tienen tenían que pagar grandes cantidades de dinero que era en perjuicio del erario público.
 
 

Cabe destacar que una gran mayoría de ayuntamientos incluidos en la lista negra por incumpliendo en el pago de millonarios laudos laborales, enfrentan una severa crisis financiera que difícilmente podrán cumplir con el pago de indemnizaciones a trabajadores despedidos.
 
 

Ante esta situación, el edil de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, solicitaró al Congreso local su aprobación para recurrir un financiamiento por 160 millones de pesos para pagar los pasivos que fueron heredados de las anteriores administraciones municipales.
 
 
En ese contexto, el alcalde ixtleco aclaró que dicho recurso económico, en caso de que sea aprobado, será etiquetado para pagar deudas, demandas laborales, mercantiles, incluso, el préstamo de los 45 millones de pesos que adquirió el pasado gobierno municipal.
 
 

Considero que es injusto pagar las demandas laborales donde, incluso. algunos ex regidores y ex alcaldes, se encuentran entre los principales demandantes del ayuntamiento municipal hoy a su cargo.
 
 

Por su parte, Noé Reynoso Nava, presidente municipal en turno de Amacuzac, aseveró que no cuenta con el recurso económico para erogar ese recurso y dijo que está solicitando al Gobierno del Estado, nuevamente, un adelanto de las participaciones para poder salir de esta situación, que lo pone en riesgo a él y al cabildo.
 
 

Refirió que su área de asesores está llevando a cabo los trámites necesarios para solicitar prórrogas y convenios con los demandantes, que, en su mayoría, son de la administración 2006-2009; otros, de 2003-2006.
 
 
Incluso, señaló, que hace unas semanas se pagó un laudo al ex tesorero municipal durante el trienio 2006-2009, Alberto Ramírez Rodríguez, por un millón 200 mil pesos, ya que interpuso su demanda laboral en el 2003-2006, y pese a que fue tesorero, la demanda siguió su curso.
 
 
Aseveró que en total de registran más de 100 demandas laborales que ascienden a los 61 millones de pesos, donde incluso en éstas se integran las demandas laborales del personal sindicalizado que fue despedido por el ahora diputado local, Alfonso Miranda Gallegos.
 
 
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