Yoisi Moguel / corresponsal
Mérida.- La senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama pidió a la Fiscalía General de Yucatán actuar con total apego a la ley y con imparcialidad, pero sobre todo no proteger a ex funcionarios de la administración municipal de Mérida que encabezó la actual senadora Angélica Araujo Lara, y que son señalados como responsables del desvío de recursos de 240 millones de pesos.
La legisladora yucateca blanquiazul lamentó que el órgano impartidor de justicia en el estado se niegue a investigar, esclarecer y castigar a los responsables del desvío de recursos basándose en resoluciones y declaraciones alejadas de todo sustento jurídico.
"La Fiscalía General del Estado, que preside Celia Rivas Rodríguez, comete un nuevo agravio contra los meridanos, ya que para empezar la Fiscalía y el Ministerio Público no pueden renunciar a su responsabilidad de prevenir, investigar y perseguir delitos, lo cual es fundamental para garantizarles a los ciudadanos una vida en pleno Estado de Derecho", subrayó.
Aseguró que no existen argumentos jurídicos para que la Fiscalía diga que no puede investigar delitos.
Díaz Lizama sostuvo que el agravio es doble porque los meridanos ya fueron afectados durante la administración municipal anterior, cuando sufrieron una considerable disminución en la calidad de los servicios públicos a los que estaban acostumbrados, aunque las entonces autoridades contaban con recursos suficientes, abandono del cual hasta hoy el municipio no se ha podido reponer.
La Senadora puntualizó que está muy claro que al actual Ayuntamiento de Mérida, que preside el panista Renán Barrera Concha, le correspondía formular la denuncia porque se trataba de hechos que pueden constituir delito en perjuicio del patrimonio municipal; y añadió que quien debe investigar y perseguir este delito es la Fiscalía General del Estado.
En este caso cada autoridad debe asumir su responsabilidad y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, a quien la fiscal Celia Rivas usa de argumento para no investigar, no tiene ni puede tener la facultad exclusiva de denunciar delitos cometidos por funcionarios municipales, advirtió.
Rosa Adriana Díaz insistió en que a cada autoridad le corresponde tramitar los asuntos de su competencia, y explicó que si fuera un juicio político, la diligencia debe hacerse ante el Congreso del Estado; si se demanda responsabilidad civil, ante un Juzgado Civil, y si se exige responsabilidad penal, como en este caso, ante la Fiscalía General del Estado.
El actual Ayuntamiento de Mérida cumplió con la ley al denunciar el posible desvío y ahora toca a la Fiscalía cumplir su parte, asentó.