Redacción
En su informe anual, la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que la administración de Peña Nieto ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas, torturas perpetradas por integrantes del Ejército y la policía así como en la implementación de justicia.
El escrito indica que "el gobierno ha obtenido pocos avances" pese a que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció a principios de su administración que la 'guerra contra el narcotráfico' iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y además de haber promulgado una ley destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
"El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad", señala el escrito.
En el apartado de desapariciones, el texto indica que fuerzas de seguridad en el país han participado en numerosas acciones de este tipo desde el gobierno de Felipe Calderón, sin embargo apunta que en la administración de Peña Nieto éstas continúan, incluso en algunas en "colaboración directa con organizaciones delictivas".
"Es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos", agrega HRW.
La organización denota también que pese que se creó un área especializada a la investigación de desapariciones dentro de la Procuraduría General de Justicia (PGR), hasta el momento de la redacción del documento "no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas".
Respecto a impunidad de abusos militares, el organismo denuncia que la decisión de que las Fuerzas Armadas combatan al narcotráfico y la delincuencia organizada ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas.
En este sentido detalla que de las 5 mil 600 investigaciones que inició la Procuraduría General de Justicia Militar por presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles entre enero de 2007 y mediados de 2013, tan sólo había condenado a 38 militares por violaciones de derechos humanos hasta octubre de 2012.
En el apartado de 'Tortura', HRW señala que "es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción".
La organización describe que las prácticas más frecuentes de tortura en el país van de golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual.
Además de que son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba.
"La PGR aplicó el protocolo en 302 casos entre 2003 y agosto de 2012, y encontró signos de tortura en 128", señala el escrito.
Otro de los aspectos que acentúa HRW es "la débil aplicación de la ley" la cual ha contribuido al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa en algunas regiones del país.
Al respecto manifiesta que el sistema actual no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos.
El informe describe que la implementación de medidas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos, como la Ley General de Víctimas, o aquella reforma constitucional promulgada en 2008 y destinada a transformar su sistema judicial han tenido un avance lento a tal grado de no ser reglamentadas.