PAN, PRI Y PVEM proponen reforma para regular marchas en todo el país

 
 
Redacción
 
 
 
Tras las marchas y plantones que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han realizado las últimas semanas en la Ciduad de México, un grupo de senadores del PRI, PAN y PVEM presentaron ante el pleno de esta cámara un paquete de reformas a la Constitución para regular las manifestaciones en todo el país. 
 
 
En representación de los legisladores de estos partidos, la senadora panista, Mariana Gómez del Campo, sostuvo que esta propuesta de ley no daña la libertad de expresión, pues su objetivo principal es 'garantizar el derecho al libre tránsito de todos los mexicanos'. 
 
 
La iniciativa de ley  es impulsada por los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN; Jesús Casillas Romero, del PRI; y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde.
 
 
En ella se prevén cambios a los artículos 6° y 9° constitucionales, tales como: 
 
 
 

Cuando un grupo de personas planee realizar cualquier tipo de marcha, manifestación o protesta, tiene un plazo de diez días para avisar a las autoridades locales "a fin de que éstas puedan tomar las medidas para proteger los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y las previsiones de seguridad y orden público, de conformidad con la ley".

 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar".

 

Ninguna asamblea o reunión podrá ser disuelta a menos que ésta "profiera injurias contra la autoridad", o bien, "que hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla (a la autoridad) a resolver en el sentido que los inconfomes deseen".

 
 
 
 
Uno de los argumentos a los que recurrieron los senadores que proponen esta reforma fue el relacionado con las pérdidas económicas que provocaron las marchas de la CNTE en el Distrito Federal. 
 
 
Gómez del Campo presentó datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en los que se revela que una marcha de una a dos horas de duración puede generar pérdidas de hasta 329 millones de pesos. 
 
 
Asimismo, un bloqueo de 7 a 8 horas ocasiona que se pierdan hasta 957 millones de pesos.
 
 
De acuerdo con la legisladora albiazul, los costos de la manifestación del pasado 1 de diciembre de 2012 que se llevó a cabo durante la toma de posesión del Enrique Peña Nieto, detonaron pérdidas en ventas por 950 millones de pesos en la zona Centro, 149 millones de pesos en la zona aledaña al Palacio Legislativo de San Lázaro y 28 millones de pesos en daños a inmuebles.
 

Los senadores del PAN, PRI Y PVEM proponen que el Congreso de la Unión expida, a más tardar en 180 días, una ley general que defina la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades encargadas de resguardar la paz y el orden público de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como establecer los derechos y obligaciones de manifestantes y de terceros.
 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya existe el artículo 6°, el cual establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
 
 
El lunes 23 de septiembre, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó un paquete de iniciativas que incluyen la creación de la Ley de Manifestaciones Públicas, la cual busca 'mejorar la convivencia urbana en esta capital'.
 
 



Con información de Notimex