Ante las 'prácticas abusivas' de la compañía de telefonía móvil Telcel en el cobro de la renta mensual por el concepto de 'uso extra de datos de internet', el diputado federal panista Juan Pablo Adame Alemán exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a proteger y asesorar a los usuarios afectados, así como a investigar a dicha empresa para, de comprobarse la falta, imponer las sanciones correspondientes.
Al considerar que la interpretación de los preceptos jurídicos de la nueva legislación debe ser acorde al espíritu del mayor beneficio al usuario final, Adame Alemán, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, aclaró que la argumentación presentada por Telcel es "por demás ventajosa", ya que el objetivo de la nueva ley es "proteger a los usuarios contra prácticas abusivas de los operadores".
"La concesionaria de telecomunicaciones Radiomóvil DIPSA SA de CV, conocida como Telcel, cambió sin aviso previo y ventajosamente su política de transferencia de datos que exceden a los incluidos en sus planes de renta mensual. En vez de notificar el agotamiento de los datos del plan y dar la oportunidad de adquirir o no paquetes adicionales de datos, como hacía en el pasado, cobró de manera unilateral una tarifa de Megabyte a granel, más costosa que la de algunos de sus planes de prepago", expuso.
El legislador de Acción Nacional detalló que al actuar de dicha manera, sin informar a los usuarios, trasgredió varias fracciones que contienen los derechos de los mismos en el Artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre los que destaca el de "ser notificados de los cambios en las condiciones del servicio para, en dado caso, poder hacer efectivo su derecho a exigir que les sean respetadas las condiciones originales, o poder rescindir o cancelar su servicio".
"Esta situación es muy grave, porque es un abuso que causa un perjuicio económico importante a muchos miles de mexicanos que utilizan el acceso a internet para estudiar y trabajar. Pero es aún más grave, porque dicho agente económico pretende, de manera falaz, culpara ante sus usuarios al Congreso de la Unión del abuso que ellos mismos cometen, quizás a manera de represalia o venganza por nuestro afán de generar medidas de competencia efectiva que van en perjuicio de los preponderantes", agregó.