Política

Ordenan a Goldcorp devolver 600 hectáreas a ejidatarios


 
José Antonio Gurrea C.
 
El Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas ordenó ayer "ejecutar de inmediato" la sentencia mediante la cual la minera canadiense Goldcorp debe devolver 600 hectáreas a 29 ejidatarios del municipio de Mazapil, en donde se encuentra Peñasquito, la mina a tajo abierto más grande de Latinoamérica y la tercera más grande del mundo, de donde se extraen oro y plata.
 
Hugo Teniente y Alfonso Herrera, abogados de los ejidatarios de Cerro Gordo, dieron a conocer ayer a EL FINANCIEROque hoy 20 de junio a partir de las 9 horas una brigada de ejecuciones de ese tribunal deberá comenzar el proceso de restitución de las tierras.
 
Peñasquito es una mina con al menos 22 años de vida útil y que cuenta con reservas por 18 millones de onzas y 1,000 millones de onzas de plata, que en conjunto equivalen a 78,000 millones de dólares (mdd).
 
Para establecer la mina, Goldcorp reubicó a las familias de los ejidatarios, dueños originarios de las tierras, en pequeños departamentos de interés social, que hoy lucen con grietas en sus muros.
 
Ocupación temporal
 
De acuerdo con Teniente y Herrera, la empresa minera "se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños.
 
"Pese a las reservas probadas de oro y plata, la compañía convenció a los ejidatarios de rentar sus tierras por 30 años (contratos de ocupación temporal) en 50 centavos el metro cuadrado", agregaron los litigantes.
 
"3 de los 4 ejidos quedaron más o menos conformes, pero los 29 ejidatarios de Cerro Gordo y sus familias protestaron y acudieron a la justicia mexicana, ante la cual en 2009 demandaron a Goldcorp y exigieron la restitución de las tierras." La demanda prosperó.
 
En 2011 el citado tribunal condenó a la trasnacional a la devolución de las tierras y declaró nulas las asambleas donde se establecieron los contratos de ocupación temporal de las tierras.
 
Los abogados recordaron que Goldcorp interpuso recursos de revisión y amparos, sin embargo, se confirmó la sentencia.
 
"Ésta es por nulidad del arrendamiento, por lo que la compañía exigió los 3 millones de pesos que pagó a los ejidatarios, quienes ya regresaron el dinero y ahora la sentencia se debe ejecutar", señalaron a este diario ayer por la noche.
 
Información proporcionada por El Financiero Diario.
 

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