Política

Nueva Ley de Amparo, defensa para pueblos indígenas: SCJN

12 febrero 2014 5:17 Última actualización 15 abril 2013 12:37

 
Notimex 
 
Con la nueva Ley de Amparo, el juicio de garantías se convierte en un instrumento idóneo para la defensa procesal de los derechos colectivos reconocidos por el marco jurídico nacional e internacional a los pueblos indígenas, aseguró el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza.

En su mensaje durante la presentación del 'Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas', expuso que ahora el quejoso no requeriría tener un derecho subjetivo para considerarse afectado y demandar la protección de la justicia federal.

"La voluntad colectiva de un pueblo indígena tiene ahora mecanismos jurídicos para ser efectivamente protegida en beneficio de la conservación de los rasgos de identidad que le permitan continuidad histórica y una vida desarrollada de acuerdo con su propia cultura, expresada en formas de vida e instituciones sociales, políticas y económicas", dijo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agregó que el reconocimiento de los derechos indígenas habrá de propiciar que el sistema jurídico y sus juzgadores "respondan, desde un lenguaje de derechos, a viejos problemas de falta de acceso de los indígenas a la justicia que imparte el Estado".

Lo anterior, señaló, implica tener una actitud proactiva que comprenda garantizar el auxilio de intérpretes idóneos, ampliar criterios de admisión y desahogo de pruebas, así como admitir la jurisdicción indígena en la resolución de conflictos internos, además de proteger las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos originarios.

En este caso, el protocolo se ha estructurado a partir de la normatividad de origen interno e internacional, así como de principios, prácticas y sentencias de la SCJN, de sus salas, de tribunales, así como de instancias de otros países y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó.

En tanto, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, aseguró en un video-mensaje que el protocolo resalta obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la reforma constitucional de 2011.

Asimismo, agregó que lo anterior es porque la reforma referida incorpora y da rango superior a las garantías derivadas de los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos. 
 
 
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