CIUDAD DE MÉXICO. La consulta popular planteada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se enfrentará de entrada a una restricción en la ley que establece que no se pueden someter a consulta temas electorales, pero de haber esta controversia tendrá que definirlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así lo señala, Sergio Bárcena Juárez, catedrático del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, quien también indica que aun cuando se presenten las firmas antes del 15 de septiembre al Congreso, también la Ley de Participación Ciudadana impide los cambios constitucionales.
Cambiar el número de legisladores –explica– tendría que modificar dos artículos de la Constitución, el 52 y el 56. "Y este es el problema con la viabilidad jurídica que el resultado de la consulta no es vinculante".
Pero el especialista en análisis legislativo y electoral destaca que de prosperar la propuesta de eliminación de 100 diputados federales y 32 senadores, no habría "un gran cambio" en términos de conformación de mayorías en el Congreso, porque se trata de un modelo que viene a partir de expectativas de voto.
"Así que la conformación en la cámara sería exactamente igual".
Asegura que de salir alguien afectado, estos serían los partidos pequeños, que al no contar con al menos cinco diputados por ejemplo, no podrían formar una bancada.
"Eso sí llegaría a ser un problema porque los partidos pequeños se nutren del sistema de representación proporcional", dijo.