José Antonio Gurrea C.
En México, los mecanismos para la protección a periodistas son insuficientes y limitados, coinciden Antonio Martínez Velázquez, oficial de Comunicación y Contenidos Digitales de Artículo 19, y Rogelio Hernández López, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC.
Para Hernández López, ha habido mucha simulación, pues a más de 6 años de su creación, la llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ni siquiera cuenta con una ley reglamentaria para que pueda tener mas recursos, más personal y pueda actuar de oficio cuando hay agresiones a periodistas; "está limitada para actuar, pues no tiene atribuciones".
Martínez Velázquez detalla que la fiscal Laura Angelina Borbolla Moreno, nombrada en febrero del año pasado, espera ver si hay voluntad política y la fiscalía no sólo no desaparece, sino que ahora sí se concreta la reforma a la ley secundaria que reglamenta la reforma constitucional del artículo 73 -que debería estar lista desde diciembre- para que la fiscalía cuente con facultades para que los delitos en contra de la prensa sean investigados por el orden federal directamente.
"Hoy en día, las procuradurías estatales obstaculizan el trabajo y no hay ni siquiera las más mínima colaboración, pero mientras no entre en vigor la federalización de los delitos, las procuradurías estatales seguirán 'esclareciendo' casos que en realidad no lo están, como sucedió con la periodista Regina Martínez en Veracruz", complementa Hernández López.
Sin capacidades
Por su parte, el integrante de Artículo 19 recuerda que a finales de la administración de Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), y "desde ese momento advertimos repetidamente sobre las capacidades limitadas de esa instancia para hacer su trabajo, es decir, la investigación de casos".
Agrega que tras seis años de creada, la fiscalía tiene entre sus resultados sólo una sentencia condenatoria. "Se trata del esclarecimiento de una amenaza vía electrónica contra una periodista por la que el Juzgado 17 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte, aplicó una pena alternativa de 180 días de multa y ordenó la reparación del daño por un monto de 36,400 pesos".
Y aunque el gobierno de Calderón reestructuró la fiscalía en 2010 y le cambió su nombre al de Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, no solventó sus deficiencias, y no ha logrado ninguna sentencia condenatoria desde 2007.
Al respecto, Hernández López destaca que hasta febrero de este año la fiscalía tenía alrededor de 74 averiguaciones previas (realizadas con base en monitoreos de los casos denunciados de asesinatos y agresiones que salen en la prensa), las cuales, por falta de facultades, no han resultado en consignaciones de personas y mucho menos en castigo. 4
Abunda que el Senado puso a discusión la ley reglamentaria el mes pasado; sin embargo, se trata de un proceso que tardará meses; "hasta que no esté aprobada esta norma, faltará el marco legal para que pueda actuar casi de oficio".
Otro lento proceso
En relación con la Ley de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en junio de 2012, Hernández López, quien es también integrante del órgano consultivo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos de la Segob, admite que esta instancia camina, pero a pasos muy lentos.
"Tienen abiertos 43 expedientes, 13 de ellos de periodistas, y las medidas cautelares -es decir de protección policial automática- comienzan ya a funcionar, pues a las pocas horas se comunican con la gente amenazada y en dos días como máximo ésta ya tiene medidas cautelares", asegura.
Sin embargo, reconoce que existen varios problemas: "los periodistas y defensores en riesgo no están familiarizados con las formas para ingresar al mecanismo de protección, pues no hay la promoción nacional para que se diga dónde se puede acudir, que hay un número 1800, que hay un correo de emergencia, etcétera; entonces, los casos están llegando por las mediaciones de las organizaciones civiles.
"El segundo problema es que, además, entre los periodistas hay mucha desconfianza porque fueron muchos años de simulación", agrega.
Otra problemática, refiere, es que 60% del personal que estaba contratado no tenía el perfil y tuvo que salir; "el proceso va muy lento".
Hernández López, quien ejerce el periodismo desde hace 35 años, señala que "no hay que engañarnos, pues el mecanismo de protección establecido por la ley representa 10% o menos de las medidas que los periodistas necesitan para estar protegidos.
"Se brinda sólo protección cautelar, porque no hay, como lo hemos exigido, protección correctiva y preventiva. En el primer caso debe incluir protección social porque a los periodistas amenazados los arrancamos de su trabajo o a veces de sus zonas de vivienda para protegerlos; en otros casos, incluso los cambiamos de ciudad, y es como volver a empezar.
"Y aunque hay atención psicológica en caso de pérdida, no hay atención a la salud, y muchos compañeros tienen severos problemas de diabetes, úlceras, entre otros. Se trata de mecanismos extremadamente limitados para los planteamientos de protección integral que deben existir", concluyó.
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