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Este viernes entró en vigor la Ley General de Víctimas, con la que el país asume compromisos internacionales en la materia y garantiza la reparación del daño a las víctimas del delito, aunque están pendientes el reglamento y las reformas previstas en el Congreso para facilitar su operación.
De acuerdo con los artículos transitorios del documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero, el reglamento de esta normatividad deberá expedirse a más tardar el 8 de agosto próximo.
El Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de daños a las Víctimas, incluido en la Ley, deberá crearse dentro de los 90 días naturales a partir de su entrada en vigor.
De esta manera se establecerá el Registro Nacional de Víctimas y se integrará el fondo de ayuda, de asistencia y de reparación integral de daños.
La ley garantiza a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a las del delito los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia.
Unos días después de la publicación, el Congreso de la Unión aseguró que impulsarán reformas complementarias ante los señalamientos hechos por diversos actores de la sociedad civil sobre la operatividad de la ley.
En su momento, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la ley podría mejorarse a partir de un diálogo constructivo con la sociedad civil y el poder Legislativo, e instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a establecer mesas de diálogo permanentes.
A su vez, en declaraciones dadas a la prensa, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que las modificaciones a la ley serán presentadas en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso.
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