La Cámara de Senadores da 'luz verde' al registro nacional de víctimas
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La Cámara de Senadores da 'luz verde' al registro nacional de víctimas

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Política

La Cámara de Senadores da 'luz verde' al registro nacional de víctimas

22/03/2013

 
 
Rivelino Rueda
 
El Senado de la República avaló por unanimidad reformas legales que permiten el acceso de los afectados por la violencia a un fondo de ayuda federal, asistencia y reparación integral del daño.
 
Además, los senadores también le dieron 'luz verde' a un apartado que establece la creación de un registro federal de víctimas y uno por cada entidad federativa.
 
El dictamen que reforma la Ley General de Víctimas fue apoyado con 103 votos en lo general, mientras que en la votación en lo particular sólo se le dio entrada a una de las 7 reservas que se presentaron, para luego turnarlo a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
 
En tensa discusión en el Pleno, sobre todo de los 7 artículos que reservó la bancada del PAN, los senadores realizaron 140 modificaciones a los 180 artículos que contempla ese ordenamiento, que fue promulgado el 9 de enero por el presidente Enrique Peña Nieto, luego de retirar la controversia constitucional que presentó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
 
Se escuchó una prolongada ovación de legisladores y representantes de organizaciones civiles -entre quienes se encontraba el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia- cuando se dio a conocer el aval en lo general de esta ley.
 
Las definiciones
 
Entre las principales reformas a este ordenamiento, que fueron retomadas por el PRI, PRD, PVEM y PT de la iniciativa que les entregaron distintas organizaciones civiles, destaca la referente a la definición de 'víctimas' a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
 
Además, la reforma establece la definición de 'víctimas potenciales' para las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia, impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
 
La legislación también precisa que son 'víctimas indirectas' los familiares o aquellas personas físicas, a cargo de la 'víctima directa', que tengan una relación inmediata con ella.
 
También establece la definición de 'hecho victimizante' como los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, y que pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
 
Registro de afectados
 
El dictamen aprobado también simplifica el mecanismo para el registro de las víctimas, y establece que las comisiones ejecutivas de atención estatales y del Distrito Federal tengan la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
 
En la modificación al artículo 182-R se puntualiza que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales sean destinados a la compensación del daño a las víctimas.
 
La única reserva avalada establece que las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas, "cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los 30 días naturales siguientes y la atención se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado".
 
Y aunque el PAN avaló en lo general el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, recriminó a los senadores del PRI y del PRD porque en esta discusión "persistió una actitud de desconfianza para privilegiar lo mediático".
 
El panista chiapaneco lanzó que "una ley es justa no sólo por existir. No tenemos derecho a ver a las víctimas como botín. Es una gran irresponsabilidad aprobar una ley en la lógica del aplauso fácil. Jamás un Congreso había hecho una ley a 2 meses de su publicación".
 
Información proporcionada por El Financiero diario.