Política

Insuficientes, los controles anticorrupción

La Auditoría Superior de la Federación revela que la Secretaría de la Función Pública no ha consolidado un sistema de control interno en las 279 dependencias del gobierno federal para identificar riesgos de opacidad y corrupción.
Eduardo Ortega
25 febrero 2014 22:39 Última actualización 26 febrero 2014 5:0
Secretaría de la Función Pública. (Cuatroscuro/Archivo)

La dependencia está imposibilitada para identificar riesgos de opacidad. (El Financiero)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha avanzado en su obligación de consolidar un sistema de control interno en las 279 dependencias y entidades del gobierno federal para identificar los riesgos de opacidad y corrupción.

De acuerdo con un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el promedio general sobre la implantación de un sistema de control interno en las instituciones del Poder Ejecutivo se ubicó en 35 puntos de un total de 100, por lo que se determinó que está en “un nivel bajo”.

Un sistema de control interno tiene una gran relevancia en cualquier organización como un medio efectivo para prevenir, identificar y corregir la ocurrencia de actos potenciales o reales de corrupción y opacidad.

En el caso de la administración pública federal, la SFP es la dependencia responsable del control interno de la administración pública federal, mientras que la propia Auditoría Superior es la encargada del control externo.

Al respecto, el análisis realizado por la ASF en el marco del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, reconoce que la Función Pública ha realizado acciones y esfuerzos para la implementación de un sistema de control interno, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa aplicable en la materia.

Pero aclara, “éstos no han sido suficientes para establecer un sistema de control interno consolidado, que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua”, se afirma.

Los resultados del estudio arrojan que de las 279 instituciones del gobierno federal, 205 (el 74 por ciento) se ubicaron en un estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos en una escala de 100) y 71 (el 25 por ciento) en estatus medio (rango de 40 a 69 puntos), en tanto que tres instituciones (es decir, sólo el 1 por ciento) alcanzaron un estatus alto (rango de 70 a 100 puntos).

El estudio sentencia que la SFP está imposibilitada a identificar riesgos de opacidad y corrupción, puesto que no se detectaron señalamientos específicos en relación con la forma en que se debe evaluar y mejorar el control interno para enfrentar la discrecionalidad y promover la transparencia en la aplicación de los recursos.

“Se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, así como revisar y, en su caso, actualizar la normativa que favorezca la implantación de dichos sistemas de control interno”.

Diagnóstico por componente

El estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación se basa en el modelo internacional de control integral COSO, creado en Estados Unidos, el cual tiene cinco componente de análisis: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión.

Los puntajes obtenidos en cada uno de estos componentes se ubicaron en un rango de 4 a 8 puntos, en una escala de 20 por cada componente, por lo que, de acuerdo con el modelo de valoración aplicado, se encuentran en un estatus bajo.

Así, las acciones para un ambiente de control al interior de las dependencias de gobierno simplemente han sido insuficientes.
Las medidas para establecer componentes de evaluación de riesgos deben fortalecerse con el fin implementar un proceso sistemático para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a riesgos que puedan obstaculizar o impedir cumplir objetivos y metas institucionales.

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