Política

Indignación social contra Ferromex por derribar viviendas

10 febrero 2014 4:51 Última actualización 21 julio 2013 17:47

[Cuartoscuro]


 
Jesús Jiménez Padilla / corresponsal

Colima.- Desde esta entidad en la costa central del Pacífico mexicano hasta Dunedin, Nueva Zelanda, hay por lo menos 12 mil 300 kilómetros de distancia y hasta allá llegó la indignación por la violenta acción de Ferromex, empresa privada propiedad de Grupo México, que con maquinaria pesada derribó parte de las precarias viviendas de cinco familias que habitan sobre el derecho de vía del ferrocarril.

Desde Dunedin, Nueva Zelanda el escritor y poeta colimense Rogelio Guedea, profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Otago, se pronunció porque “las autoridades y las leyes encargadas de regular la conducta de las empresas (como la Ferromex) deberán buscar los mecanismos para que a estas familias se les repare el daño y, lo más pronto posible, se les brinde la oportunidad de una vivienda digna en un lugar no menos digno también”.

Rogelio Guedea, autor de más de 30 libros, recuerda que nació y pasó toda su infancia en la colonia Los Viveros (Colima), a dos cuadras del ferrocarril, muy cerca de donde están ocurriendo ahora los hechos, y donde tuvo amigos que vivieron en los vagones del tren, convertidos en casas. -“Llegué a entrar a varias de estas casas-vagón. Vi las carencias y me dolían, pero nunca las sentí como ahora, más consciente de muchas cosas”.

Señala el periodista y colaborador de El Financiero y otros medios de comunicación, que -“hace unos días confirmé, nuevamente, que la realidad está por encima que cualquier fabulación, pues sucedió justamente lo que estaba yo escribiendo en mi novela: un grupo de familias que vivían en las cercanías de las vías del tren, en la colonia Prados del Sur, fueron prácticamente barridas por maquinaria de la empresa Ferromex, dejándolas sin casa en un santiamén”.

Reconoce enseguida que -“todos conocemos los peligros que implican vivir en zonas de riesgo como ésta, o en las cercanías de los ríos, o en ciertas áreas del mar o la montaña, etcétera, pero también estamos obligados a saber que ningún ser humano tomaría la decisión de vivir ahí si tuviera la posibilidad de vivir en un lugar mejor. No hay nadie que, en un sano juicio, busque el mal para sí mismo”.

Por eso, concluye, “aunque la empresa Ferromex ha actuado, tal vez, conforme a la ley, no hay que olvidar nunca el viejo principio: “la necesidad no está sujeta a la ley”.

Y categórico, concluye Guedea: -“en un país petrolero como el nuestro, ningún ciudadano debería pasar por estas tribulaciones, así que en la ley debería estar quién debe ser el responsable de que estas personas tengan una alternativa digna para vivir, y un trabajo digno también”.

A nivel local, de inmediato se alzaron las voces de solidaridad para con las familias afectadas. Primero fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en voz de su presidente, Roberto Chapula de la Mora, quien declaró que por simple sentido humanitario no se puede dejar sin techo a familias pobres, aún reconociendo que están irregularmente asentadas en predios que no son de su propiedad.

La realidad es que no ningún techo de las viviendas se derribó, sino sólo los baños ubicados al exterior de las mismas.

Las familias afectadas por el derribo parcial de sus chozas y sanitarios por personal de Ferromex, acudieran a presentar su queja ante la presidencia municipal de Colima y el único apoyo que recibieron fue el respaldo moral y la colocación de baños portátiles para uso común, así como el ofrecimiento de que el Ayuntamiento gestionará el otorgamiento de lotes con servicios públicos por parte del Instituto de Suelo y Vivienda del Estado (INSUVI).

Ante la denuncia, acudieron algunos legisladores del Congreso estatal, quienes al igual que el Gobernador Mario Anguiano Moreno, se pronunciaron a favor de los derechos de las familias; y pidieron a Ferromex una prórroga de 20 días para su reubicación. Mediante la intervención del Centro SCT Colima, la empresa privada amplió el plazo que en principio había concedido, y ahora tienen las autoridades locales hasta el 10 de septiembre para ofrecer una solución a los afectados.
 
 
 
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