Política

Imponen candados a la transparencia

10 febrero 2014 4:54 Última actualización 22 agosto 2013 5:57

[ONG reprueban que dictamen priista deje fuera a partidos / Cuartoscuro]


 
 
Eduardo Ortega
 
 
Organizaciones civiles condenaron que en las modificaciones realizadas a la minuta avalada en el Senado en materia de transparencia y rendición de cuentas, los diputados del PRI dejaran fuera a los partidos políticos como sujetos obligados directos.
 
 
Aparte, Jacqueline Peschard aseguró que los diputados del PRI buscan poner candados a las resoluciones del Ifai creando una “pinza que sí quiebra la estructura fundamental del modelo de transparencia en México”.
 
 
Gerardo Laveaga, titular del Ifai, comentó en reportes radiofónicos que si bien hay avances en el dictamen como la autonomía del órgano de transparencia hay elementos que los diputados simplemente no tomaron en cuenta.
 
 
Por su parte, el presidente del Senado Ernesto Cordero y el jefe de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, advirtieron que no apoyarán este proyecto, que eventualmente votará el Pleno de la Cámara baja en el actual periodo extra, principalmente porque significan “una regresión” al acuerdo de consenso que se alcanzó en el Senado cuando se aprobó esa legislación de transparencia.
 
 
Para México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia haber dejado fuera a los partidos de las obligaciones de transparencia implica mantenerlos en un régimen de excepción para el escrutinio eficaz del ciudadano, conservando la relación asimétrica entre el IFE y los institutos políticos que, tal como funciona en la actualidad el sistema político en México, dominan de manera abrumadora y arbitraria la toma de decisiones y el debate públicos.
 
 

Criticaron que se haya excluido la facultad del órgano garante para interponer acciones de inconstitucionalidad, con lo que se evita la protección, de manera amplia y preventiva, del derecho de acceso a la información ante la posibilidad de proponer normas que puedan limitar su alcance, intencionalmente o no. Las organizaciones consideraron que el dictamen aprobado en comisiones representa un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción del compromiso del Estado mexicano con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
 
 
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