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El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), declaró improcedente la sanción e inhabilitación de Fernando Santos Madrigal, quien fungió como director ejecutivo de administración del organismo.
Santos Madrigal, quien ahora se desempeña como director administrativo en la Secretaría de Gobernación, fue señalado por la Contraloría como responsable de un daño patrimonial por poco más de 124 millones de pesos en perjuicio del IFE en la compra de un edificio para oficinas en 2009.
Los ocho consejeros electorales con derecho a voto en el máximo órgano de dirección del IFE declararon improcedente el expediente administrativo en el que el contralor general, Gregorio Guerrero, proponía sancionar al funcionario.
Durante la discusión de la procedencia de las sanciones contenidas en este expediente, uno a uno los consejeros expusieron sus razones para votar en contra, con la coincidencia básica de que no había elementos suficientes para probar maquinación y daño patrimonial en contra del IFE.
Así, concluyeron que no hubo irregularidad alguna en la compra del edificio ubicado en Acoxpa, adquirido en 262 millones cuando había un primer avaluó que fijaba su valor en 118 millones de pesos.
De acuerdo con los consejeros, el entonces el director ejecutivo de administración no conoció el avaluó último, y además actuó en un ambiente de urgencia, que hacía pertinente la adquisición del inmueble para ubicar las oficinas que demandaban las nuevas facultades del IFE, como el monitoreo de las campañas políticas.
Más aún, expusieron los consejeros, la adquisición a ese precio redundó en beneficio para la institución ya que el actual valor comercial del inmueble alcanza los 306 millones de pesos, además de que se dejaron de pagar rentas por cerca de 20 millones de pesos al año.
El contralor Gregorio Guerrero, quien no forma parte del Consejo General, y por tanto no intervino, criticó la determinación de exonerar al funcionario y expuso a los medios su desacuerdo con la resolución de los consejeros que calificó de indigna.
Según dijo, el expediente que preparó, de 456 cuartillas, es muy claro y preciso en cuanto al rechazo del primer avalúo por 118 millones de pesos y la solicitud de uno nuevo para justificar la compra.
En su opinión, al resolver la exoneración del exfuncionario los consejeros no abordaron aspectos relacionados, como el hecho de que la escritura se hizo por una parte y no por todo el inmueble, que se pagaron con dinero del IFE 5 millones de pesos por adeudo predial y se tramita una devolución de impuestos por 12 millones de pesos.
Para el contralor, hay incongruencia con la postura pública sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad.
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