Fernando Ramírez de Aguilar L.
El juez sexto de Procesos Penales Federales del DF, Alejandro Caballero Vértiz, difirió para este lunes 4 de marzo, las audiencias que no pudieron realizarse el fin de semana por la ausencia de funcionarios responsables de ampliar y ratificar las acusaciones en contra de la maestra Elba Esther Gordillo Morales y coacusados.
Este lunes 4 de marzo a las 22:50 horas vence el plazo legal para el juzgador determine si obsequia el auto de formal prisión a la exlideresa magisterial para continuar con el proceso penal.
Se espera que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz, aporte elementos adicionales que respalden las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.
Mientras tanto, al salir de la audiencia en el Reclusorio Oriente, el abogado defensor, José Rigoberto González Sánchez, dijo que presentó un dictamen pericial contable con el que busca demostrar que las autoridades de la Secretaría de Hacienda violaron la Ley de Instituciones de Crédito, porque los documentos que señalan un presunto desvío de recursos del gremio magisterial no fueron certificados en su momento.
Durante la comparecencia de ayer, en la que se esperaba que se presentarían funcionarios de la Secretaría de Hacienda, así como los representantes jurídicos de las empresas Gremio Inmobiliario El Previsor y TTS de México, éstos no asistieron, por lo que tanto Gordillo Morales como dos de sus coacusados estuvieron esperando en la reja de prácticas del juzgado.
Se reduce el tiempo
El abogado González Sánchez confirmó que ni Alberto Bazbaz, ni el director general de la UIF, ni los representantes legales de las dos empresas implicadas en la investigación fiscal-penal acudieron a ampliar su declaración como les fue ordenado por el juez Castillo Vértiz, y sostuvo que este hecho afectará a su clienta porque el plazo para resolver su situación legal se reduce.
Según el abogado, en las diligencias que comenzaron desde las 11 horas presentaron un dictamen contable a fin de demostrar que los recursos tuvieron un origen y un uso lícito y no son ilegales, como lo sostiene el Ministerio Público de la Federación.
Comentó que su clienta "está serena y que tiene confianza en el Poder Judicial de la Federación", pues su deseo es que todo se aclare y se compruebe el origen y destino de los recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Confirmó que su cliente y sus coacusados -Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores- estuvieron en la rejilla de prácticas del juzgado y frente al juez Alejandro Caballero Vértiz.
González Sánchez insistió en que al no poder declarar las autoridades hacendarias ni a los representantes jurídicos de las dos empresas, Elba Esther Gordillo Morales tendrá que esperar la resolución que dicte hoy el juez sexto de Distrito.
Información proporcionada por El Financiero diario.
Política