Política

Fijan bases para transparentar las plazas docentes en el país

12 febrero 2014 4:13 Última actualización 03 mayo 2013 8:24

 [Cuartoscuro] Promueven informe analítico por estados; el Instituto Nacional de Evaluación Educativa confirmará la información. 


Víctor Chávez
 
 
En un periodo máximo de 2 años, el sistema educativo nacional deberá alcanzar una plena transparencia y regularización en "la información correspondiente a las estructuras ocupacionales, las plantillas de personal de las escuelas y los datos sobre la formación y trayectoria del personal adscrito a las mismas", establece el proyecto de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
 
 
Para ello, propone 90 días como plazo máximo a los gobiernos estatales para que, antes de iniciar la evaluación de los maestros, entreguen a la Secretaría de Educación Pública "el analítico de plazas del Personal Docente y con funciones de Dirección y Supervisión en la Educación Básica y Media Superior".
 
 
En el documento de 70 artículos y 17 transitorios que la SEP entregará en breve formalmente al Congreso de la Unión, también señala que, en el mismo plazo, deberán proporcionar esta información al nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación "la plantilla del personal docente de Educación Básica y Media Superior federalizado y de origen estatal".
 
 
Para ello, "la Secretaría y las autoridades educativas locales diseñarán un programa, que estas últimas llevarán a cabo para la regularización progresiva de las plazas con funciones de dirección que correspondan a las estructuras ocupacionales de las escuelas de educación básica, de conformidad a la disponibilidad presupuestal, conforme a lo siguiente:
 
 
-"Quienes a la entada en vigor de esta ley ejerzan funciones de dirección sin el nombramiento respectivo seguirán en esas funciones y serán sujetos de la evaluación del desempeño establecida para determinar si dicho personal cumple con las exigencias de la función directiva.
 
 
-"De obtener un resultado suficiente en la evaluación del desempeño el personal, recibirá el nombramiento definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta ley.
 
 
-"El personal que incumpla con la obligación de evaluación, o cuando en ésta se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función de dirección, volverá a su función de docente en la escuela en que hubiere estado asignado u otra, conforme a las necesidades del servicio".
 
 
Fuera los faltistas
 
 
En otro apartado incluye que quien no apruebe la evaluación ocupará otro cargo, no el de profesor, y que quien falte más de 3 días en un mes "será separado del servicio público".
 
 
Asimismo, en el proyecto de reformas a la Ley General de Educación se ordena a los gobiernos locales -en un plazo máximo de 6 meses- adecuar sus legislaciones respectivas a lo establecido en la nueva ley.
 
 
En las reformas a 41 artículos de los 85 que la conforman, destacan la urgente transparencia y vigilancia en la regulación del sistema nacional de "formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros en educación básica, misma que -advierte- "deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente".
 
 
No más opacidad
 
 
En este terreno, en las reformas a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, en el borrador se destaca en su artículo noveno que: "En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto se regirá con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión".
 
 
Se añade que "la Contraloría Interna deberá establecer y llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto, desde el nivel de jefe de Departamento u homólogo, hasta los miembros de la Junta de Gobierno, el cual deberá reportar a las instancias correspondientes en términos de las disposiciones aplicables".
 
 
Se añade, por otro lado, la facultad de "invitar y acreditar a representantes de organizaciones no gubernamentales a participar como observadores en los procesos de evaluación que el Instituto determine, conforme a las reglas que al efecto expida".
 
 
Información proporcionada por El Financiero Diario.
 
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