Política

Falta de documentos vulnera a poblaciones callejeras: Copred

12 febrero 2014 4:21 Última actualización 21 junio 2013 15:32

[Cuartoscuro] 


Notimex

La discriminación y la carencia de documentos se convierte en un "serio e insalvable obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones callejeras, entre los que destaca el principio universal a tener una identidad como personas", aseveró la presidenta del Copred, Jacqueline L´Hoist.

La titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L´Hoist, subrayó que al carecer de documentos que le otorgue personalidad jurídica, ese segmento de la población es más vulnerable.

Durante el Foro Internacional Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, L´Hoist mencionó que ese grupo enfrenta pobreza extrema, carencia de vivienda y la ruptura de sus vínculos familiares.

Esa situación los lleva a vivir en espacios públicos (calles, plazas, puentes), en áreas degradadas como edificios o coches abandonados, en viviendas provisionales o en albergues y casas de asistencia.

La presidenta del Copred expuso que la consecuencia directa de la falta de vivienda y de vínculos familiares para las poblaciones de ese tipo es que también carecen de documentos oficiales de identificación como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, registro de seguridad social y/o constancia de estudios o credencial para votar.

Subrayó por ello la importancia del Programa de Registro Extemporáneo de Nacimiento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para dotar de la documentación necesaria a ese grupo con la finalidad de que se le reconozca una personalidad jurídica.

De esa forma, señaló, quienes se encuentran en situación de calle podrán tener acceso a los beneficios de los programas sociales gubernamentales para mejorar su calidad de vida.

Jacqueline L´Hoist Tapia explicó que el Copredtrabaja en 2 líneas para enfrentar la discriminación hacia el sector.

La primera consiste en evaluar las acciones de gobierno en la ciudad de México para proponer el diseño de políticas públicas incluyentes y a favor de una cultura de la no discriminación.

En tanto la segunda plantea revisar que los presupuestos de los entes de la administración local se apliquen con un criterio de progresividad.
 
 
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