Política

Embarga IFE al PRD por plantón de AMLO

10 febrero 2014 5:24 Última actualización 23 julio 2013 6:20

[Cuartoscuro]


 
 
Angelle Hernández Cháirez
 
 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó retener de las prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 25 millones de pesos por deudas a proveedores que contrajo durante el plantón que realizó Andrés Manuel López Obrador en la avenida Reforma en el año 2006.
 

Esta demanda fue interpuesta hace seis años por el empresario Rafael Goycoolea Incháustegui, quien prestó sus servicios para la instalación de audio, video, pantallas, transmisiones satelitales, lonas y mantas por 47 días y pasó incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en un primer fallo consideró que el IFE carecía de facultades para destinar recursos de partidos a terceros.
 
 
Sin embargo, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determinó que los recursos de partidos políticos sí son embargables.
 
 
Pagos en abonos
 
Bajo este criterio el Consejo General -por 7 votos a favor y 1 en contra del consejero presidente- aprobó que se retengan 8 pagos de 3 millones 141,000 pesos mensuales al PRD, que serán descontados de las prerrogativas anuales que recibirá este año y que ascienden a 634 millones 867,508 pesos.
 

La petición de que el pago se hiciera en 'abonos' fue del propio sol azteca, que aseguró que afectaría a sus finanzas hacer un pago en una sola exhibición y fue avalada por la mayoría de los consejeros.
 

El sol azteca recibe alrededor de 52.9 millones de pesos mensuales y a partir del mes de agosto iniciarán los descuentos para cumplir la sentencia judicial que resolvió el juez Quincuagésimo sexto civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En la discusión los consejeros también demandaron a los legisladores resolver las lagunas jurídicas que existen sobre el uso que los partidos le dan a las prerrogativas e incluso su nivel de endeudamiento.
 

El consejero Lorenzo Córdova consideró que no hubo un pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte, ni una 'entrada al fondo' sobre el tema del embargo en el financiamiento público.
 
 
Aclaró que no por ello los partidos no deben cumplir sus obligaciones civiles y mercantiles, pero recordó que el financiamiento público no está sujeto a un embargo.
 
 
Macarita Elizondo recordó que la demanda se presentó desde el 8 de octubre del 2007, derivado del incumplimiento del pago de 11 facturas más los intereses moratorios de tipo legal, y estimó que más allá de lo inédito y polémico de la resolución “se trata de una verdad legal a acatar”.
 

Añadió: “recordemos que el dinero con el que se hará el pago es dinero que deviene del financiamiento público y de ahí el interés por una correcta e inmediata aplicación”.
 

El consejero Francisco Guerrero, indicó que de cara a la elección del 2015, el mensaje a los partidos es que deberán de revisar 'con mucho cuidado' los efectos de la resolución, porque con este precedente todos los partidos políticos quedarán sujetos a este criterio.
 

“La realidad es que el viacrucis legal que ha significado el cobro de este asunto, pone en la mesa una serie de reflexiones sobre el destino de las prerrogativas de los partidos políticos sobre lo que sucede en relación con los particulares”.
 
 
Benito Nacif destacó que actualmente no existe un reglamento respecto al nivel de endeudamiento y apalancamiento de los partidos y ninguna discusión sobre lo que constituye un pasivo o crédito de un partido y celebró que en la agenda del próximo reglamento de fiscalización se encuentre la obligación de partidos de no 'sobreendeudarse', ni comprometer el financiamiento público.
 

Leonardo Valdés consideró que los partidos están absolutamente obligados a pagar a sus proveedores. Pidió que los legisladores establezcan con claridad los límites del uso de las prerrogativas que el Estado Mexicano pone a disposición de los partidos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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