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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recibió, para su análisis, la iniciativa de reforma constitucional sobre la regulación de la deuda de los estados y municipios, firmada por los 7 grupos legislativos.
Esta iniciativa retoma parte del contenido de la minuta aprobada el mes pasado por el Senado de la República, presentada luego al pleno en San Lázaro el 30 de abril, último día de sesiones ordinarias y turnada a la Mesa Directiva.
La propuesta, que pretende reformar y adicionar los Artículos 25, 74, 79,108, 116, y 117 de la Constitución, destaca que la disciplina financiera de estados y municipios es una reforma impostergable, con ese objetivo recoge en su esencia e integralidad los diversos proyectos que se han planteado en el Congreso de la Unión.
La iniciativa argumenta la urgencia de legislar en materia de deuda de estados y municipios, debido a que ha aumentado gravemente el endeudamiento de esos gobiernos locales.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, entre el año 2000 y junio de 2012, dicha deuda aumentó al doble de sus ingresos, lo que puso a los gobiernos locales en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos necesarios y los paralizó por la falta de liquidez ante proveedores.
"En los últimos 12 años, la deuda de los estados y los municipios aumentó más de 130% y más de 50% de esos recursos fueron erogados los últimos 4 años, sin que se conozca con detalle su destino, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación", indicó.
La iniciativa de reforma a la Carta Magna resalta que legislar en materia de sobreempréstitos, contribuciones o impuestos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
En tal sentido, se precisa que esa Cámara tiene la facultad de conocer y en su caso objetar, a través de la comisión legislativa competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.
También deberá determinar la planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías.
El documento turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que transcurrido ese tiempo, si no existe pronunciamiento alguno inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, las estrategias se considerarán no objetadas.
Señala que de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, la Cámara de Diputados deberá ser informada de la estrategia del ajuste.
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