TOLUCA. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Estado de México, Octavio Martínez Vargas, urgió al gobierno estatal separar de sus actividades a los 20 servidores públicos de la Procuraduría mexiquense investigados por su presunta participación en el caso Tlatlaya, a fin que las diligencias se realicen de forma imparcial.
"En buena medida la CNDH reclasificó el expediente como Investigación por violaciones graves, porque las autoridades estatales a quienes fue dirigida la Recomendación 51/2014, no han implementado, o al menos no con la celeridad requerida, las acciones necesarias para sancionar a los funcionarios implicados".
Asimismo, el legislador perredista consideró necesario desclasificar los peritajes que realizó la PGJEM en Tlatlaya para evitar la impunidad, "porque es inconcebible que actualmente se desconozcan los nombres de los funcionarios que estuvieron involucrados en los hechos de tortura, encarcelamiento de víctimas, encubrimiento y manipulación de la escena del crimen".
El pasado 11 de julio del 2014 se inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la recomendación emitida el 21 de octubre del mismo año, tras acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia durante los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, donde fueron fusilados 22 presuntos delincuentes por elementos del Ejército Mexicano, y en cuyas diligencias participó la PGJEM.