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La Cámara de Diputados aprobó reformas para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tenga la atribución de publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que sean detectados como riesgosos o incumplan las disposiciones jurídicas aplicables.
La reforma, aprobada por unanimidad con 417 votos, adiciona una fracción 23 al Artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se devolvió al Senado para los efectos de la fracción E del Artículo 72 Constitucional.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, secretario de la Comisión de Economía, explicó que con la reforma se fortalecerá la facultad de la procuraduría para publicar los productos y servicios que sean detectados como riesgosos.
El priista enfatizó que la Profeco tiene facultades para actuar como perito especializado en la calidad de bienes y servicios, pues es autoridad protectora de los derechos de los consumidores.
"Si se encuentran irregularidades en los productos, deberá informar al público cuando pueda implicar riesgos graves", explicó el legislador, quien destacó que la información es vital para que los consumidores puedan decidir sobre los mejores servicios y productos.
Consideró que detectar los riesgos que tienen los productos o servicios no es fácil para el particular, por lo que se requieren laboratorios y equipos especializados para descubrir esos riesgos para los consumidores.
La Profeco tiene dicha infraestructura para investigar la calidad de bienes y servicios, sentenció.
A su vez, Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, señaló que la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, así como los riesgos que representen, es un principio básico en las relaciones de consumo.
"Hace al consumidor inteligente al ser consciente, crítico, saludable, solidario y sustentable con lo que compra y consume", expuso.
La reforma, consideró, "fortalece las competencias de la institución federal responsable de garantizar la vigencia de los derechos a los consumidores y el derecho de éstos a la información y la libertad de elección en el mercado".
En su oportunidad, la petista Lilia Aguilar Gil denunció que los "productos milagro" han causado a más de 11 millones de mexicanos, sobre todo a las mujeres, desde daños leves hasta irreversibles.
Comentó que se habla de 299 mil productos milagro, que representan 648 por ciento de incremento en los productos naturistas que se tienen en el mercado".
Subrayó que "libremente, cualquier timador" se anuncia en Internet o, inclusive, en televisión con productos que supuestamente curan todo, pero en su mayoría no tienen ni siquiera hierbas medicinales.
Por ello, enfatizó la diputada del Partido del Trabajo (PT), no es suficiente con informar al consumidor, sino que se deben retirar del mercado.
Por Movimiento Ciudadano, Juan Luis Martínez Martínez comentó que la carencia de una correcta difusión de las mercancías que incumplen las disposiciones jurídicas ha ocasionado el bombardeo de los llamados "productos milagro".
La falta de una reglamentación eficiente ha permitido la manipulación de los consumidores mediante falsas expectativas y ocasionando daños, expuso el legislador.
Explicó que de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en 2012 existían más de 75 mil productos y mil tabletas milagro, entre los cuales destacan los suplementos alimenticios, cosméticos y remedios herbolarios.
Ante esta situación, mencionó, es necesario establecer que la Profeco publique los productos y servicios que sean detectados como riesgosos.
En su oportunidad, la pevemista Ana Lilia Garza Cadena indicó que la reforma pretende dar a la Profeco la facultad de coadyuvar con otras autoridades para proteger los derechos, especialmente de la niñez, de los adultos mayores, personas con alguna discapacidad e indígenas.
Estos cambios, discernió, permitirán a los consumidores la toma de decisiones con base en la información y optimizar sus recursos en la compra de productos; además se estimulará a las empresas a elevar sus estándares de calidad, lo que generará una competencia entre los ofertantes.
La diputada perredista Roxana Luna Porquillo destacó en su intervención que la importancia de que la Profeco cuente con la facultad de verificar y publicar el resultado de los productos y servicios beneficiará a los sectores más propensos a ser engañados por publicidad errónea.
Detalló que los niños, por encontrarse en un proceso de formación y educación, requieren contar con el apoyo de sus padres para determinar la compra de cualquier producto, y los adultos mayores deben informarse para que sus decisiones sean adecuadas.
Las personas con discapacidad, en muchas ocasiones, no pueden desplazarse personalmente y la información "les ayudará a optimizar el tiempo y decidir sus compras oportunamente".
De su lado, la panista Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares afirmó que la reforma pretende proteger a los consumidores sobre productos y servicios que pueden resultar riesgosos, lo que dará mayor solidez jurídica a las acciones que realizará la Profeco en esta materia.
Consideró trascendente plasmar en la ley disposiciones de regulación en pro de los derechos de los consumidores y que dichas disposiciones deriven en propiciar su consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
La priista Martha Gutiérrez Manrique mencionó que los "productos milagro" pueden provocar desde intoxicaciones, deshidratación, daños hepáticos, detonación de diversas enfermedades o aceleración de los efectos de enfermedades crónico-degenerativas.
Ante ello, mencionó, es necesario fortalecer el papel del gobierno como agente regulador del mercado.
Con los cambios a la ley, indicó, se avanzará en el objetivo de hacer de la información un instrumento efectivo para que la población tenga más y mejores criterios de elección, pueda modificar los hábitos y prácticas de consumo orientándolas no sólo a buscar el mejor precio, sino también a considerar la utilidad, calidad y seguridad.
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