Edgar Amigón
Por 423 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, cuyo objetivo es fortalecer el marco jurídico del sector, en materia de solvencia, estabilidad y seguridad.
La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas reforma la Ley Sobre el Contrato de Seguro y abroga la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, así como la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
El Ejecutivo federal presentó la iniciativa el 25 de octubre de 2012 en el Senado de la República, que la remitió a la Cámara de Diputados y ahora se envía al Ejecutivo para su promulgación.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, José Isabel Trejo Reyes, explicó que la minuta entrará en vigor el primero de enero de 2014 y representa un enorme beneficio para los usuarios, pues contempla mejor regulación de los seguros.
En el dictamen se precisa que la solvencia económica de estas instituciones se someterá a "pruebas de estrés periódicas" para evaluar si tiene o no capital suficiente, a partir de la simulación de escenarios extremos desfavorables que serán revisados por el consejo de administración.
Prevé un "seguro de caución" y permite que las instituciones desarrollen un modelo interno para determinar el capital que requieren, pero si no cumple con los requisitos, se deberán presentar programas de regularización.
El dictamen también precisa que en caso de no subsanar la irregularidad, se aplicarán sanciones que pueden llegar a la revocación de la autorización.
La nueva Ley dispone que las aseguradoras y afianzadoras formulen sus propias políticas de inversión, con objetivos claros, equilibrio entre activos y pasivos, liquidez y coherentes con la naturaleza y moneda en la que se asumen las obligaciones.
Tendrán la obligación de transparentar su situación financiera frente al mercado, de dar a conocer información sobre su perfil de riesgo y nivel de capitalización y contar con calificaciones de calidad crediticia.
Política