Política

Demanda colectiva contra Telmex, un precedente en México


Notimex
 
La demanda colectiva interpuesta por la Profeco en contra de Telmex por el cobro indebido de los servicios "detalle de llamadas entrantes y salientes" y "privacidad en directorio y 040", sienta un precedente en la regulación del mercado mexicano de las telecomunicaciones.

De acuerdo con la firma de consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU), estas acciones permiten a los usuarios hacer valer sus derechos mediante la acción colectiva.

Sin embargo, es fundamental analizar el papel que debieran jugar las instituciones revisoras del sector como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en favor de los derechos de los consumidores, puntualiza.

Asimismo, reconoce que una multa por parte de la autoridad regulatoria no tiene el poder de transferir ni resarcir directamente al usuario final el monto imputado, a diferencia de la demanda promovida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que precisamente busca la reposición del daño causado al usuario final.

"Lo que sí puede hacer una sanción, en caso de concretarse y no ser evadida por el imputado, es consolidar un avance para seguir nivelando el terreno competitivo en México, lo más pronto posible", señala.

Refiere que derivado de una modificación al artículo 16 constitucional, el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, denominados derechos "ARCO", están protegidos y deben otorgarse de manera gratuita.

Previo a la reforma constitucional, Telmex tenía registrada ante la Cofetel una tarifa denominada "Servicio de Número Privado", por el que cobraba mensualmente al usuario que no deseara mantener la privacidad de sus datos personales.

Con la nueva regulación, el operador canceló dicha tarifa aunque en realidad la siguió cobrando bajo un concepto distinto, ya sea "Privacidad en Directorio y 040" o "Detalle de llamadas entrantes y salientes", situación que viola directamente las garantías constitucionales de sus usuarios.

"Esta es una clara y flagrante violación, junto con diversas acciones del operador dominante, que entorpece la competencia en el segmento fijo de las telecomunicaciones mexicanas".

Ello, añade, afecta directamente a los consumidores con un cobro engañoso que eleva los precios del servicio en beneficio del operador y atenta sobre sus derechos a la protección de datos personales.
 

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