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Para denunciar las presuntas prácticas desleales e ilegales que realiza la cadena trasnacional Walmart en materia laboral, comercial y ambiental, organizaciones sindicales y sociales crearon una red.
Dirigentes de Uni-Global Unión y del Centro de Investigación y Asesoría Laboral, informaron que ayer, lunes 22 de abril, se llevó a cabo un semanario en la ciudad de México al que asistieron sindicalistas, ambientalistas y trabajadores de Walmart para determinar la ruta de acción.
Eduardo Pérez de San Román, director de Uni América, refirió que a escala internacional, existe una red cuyo principal objetivo es "promover acciones contra esa firma, a fin de difundir las medidas ilegales que Walmart utiliza en varias partes del mundo".
Citó los casos de Estados Unidos, India, Bangladesh y México, donde ejecutivos de esa empresa han recurrido al soborno de autoridades locales para poder expandirse, violando derechos humanos, laborales, ambientales y del patrimonio cultural de esas naciones.
Héctor de la Cueva, coordinador de Cilas México, señaló que en Estados Unidos se lleva a cabo un proceso judicial por presuntos actos de corrupción, mientras que en México ni la empresa ha informado sobre sus investigaciones, ni los gobiernos han dado a conocer los resultados del proceso para deslindar responsabilidades.
Destacó que en México esta cadena emplea a más de 240,000 personas, pero ha sido denunciada porque en sus planes de expansión instala sucursales en áreas protegidas y en inmediaciones de zonas del patrimonio cultural como Teotihuacán.
Además, dijo, viola los derechos laborales de sus trabajadores al inhibir la formación de sindicatos democráticos, suscribe contratos de protección patronal con sindicatos blancos de la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y somete a constante acoso laboral a sus empleados.
Los coordinadores de la red dijeron que sumarán esfuerzos con las organizaciones sindicales, sociales y ambientalistas internacionales para que a Walmart se le someta a investigación para corregir todas las anomalías en que incurre "y, si no hace caso, se le expulse del país por prácticas desleales y corruptas".
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