Política

Colosio, una pluma de El Financiero

El excandidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio colaboró con El Financiero durante 1986 y 1987 con 37 artículos, muchos de los cuales están vigentes en la vida política y social del país. Te invitamos a leer las colaboraciones que hizo para este diario.
27 marzo 2014 23:42 Última actualización 28 marzo 2014 5:0
Colosio.

Colosio.

Una de las destacadas plumas que han pasado por las páginas de El Financiero en sus casi 33 años de vida es la de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien en 1986 y 1987 colaboró con 37 artículos, cuyos contenidos y conceptos en buena medida siguen vigentes.

El excandidato del PRI a la Presidencia de la República abordó con puntualidad temas como la necesidad de crecer con estabilidad, la urgencia de superar los rezagos sociales, la importancia del desarrollo regional en México y los desafíos que plantea compartir frontera con Estados Unidos, entre otros.

Colosio suspendió sus colaboraciones en El Financiero cuando el servicio público demandó su talento a favor de los grupos sociales más marginados del país y de los acuerdos políticos.

Las balas de Lomas Taurinas, aquella confusa tarde del 23 de marzo de 1994, pusieron fin a su vida, pero no a su deseo de transformar a México por la vía institucional.

A dos décadas de su partida, este trabajo especial recuerda una parte del pensamiento que Luis Donaldo quiso compartir con los lectores de El Financiero a través de sus contribuciones editoriales.



Sector Paraestatal.
Los Cambios Estructurales

Luis Donaldo Colosio
8 de Octubre de 1986

De los sectores afectados por la crisis económica en nuestro país, el caso del sector paraestatal es quizá uno de los más dramáticos, no sólo por los agudos problemas financieros que internamente ha tenido que enfrentar, sino por su impacto en la estructura económica nacional.
No son pocos los analistas económicos que atribuyen a ese sector la responsabilidad de ser, si no la única, sí la fuente principal de los desajustes económicos, además de que convierte a sus problemas en el mejor argumento para “demostrar” que el gobierno es un mal administrador.

Sin embargo, una evaluación objetiva del problema, que nos permita entender en su exacta dimensión qué es lo que ha pasado con el sector, tendría que partir, necesariamente, de la comprensión de dos funciones que éste ha debido cumplir, mismas que han determinado su propia existencia y explican en buena medida su actual crisis económica: la primera, que inclusive los más activos defensores del desmantelamiento del Estado y de la eliminación total de su intervención en la economía aceptan, es el papel del sector público como detonador del desarrollo económico –particularmente, el del sector industrial de nuestro país-; la segunda se refiere al carácter del sector como instrumento para promover el desarrollo social y regional. Mucho de lo que se dice acerca de su ineficiencia proviene, principalmente, de la comprensión de este doble propósito.

La política de protección y aliento a los sectores productivos y sociales seguida por las empresas públicas, que actualmente podríamos calificar de excesiva o errónea si nos atenemos exclusivamente a sus resultados contables prescindimos de sus motivaciones originales y de sus efectos sociales, propició que durante décadas se mantuviera un rezago crónico en los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector. Así, por ejemplo, de 1962 a 1973 el precio nominal de venta de la electricidad se mantuvo sin cambios. De esta forma, los incrementos en sus costos y gastos de operación no repercutieron con oportunidad en los precios de venta de la energía eléctrica.

Desde otro punto de vista puede observarse lo siguiente: los ingresos corrientes de la Comisión Federal de Electricidad, de 1976 a 1982, sólo permitieron cubrir el 59.5 por ciento del total de su gasto corriente.
Los beneficios que esta política de precios y tarifas del sector público representó para la sociedad mexicana significó también un fuerte peso para las finanzas públicas que no fue compensado por una agresiva política tributaria. Baste señalar que en el periodo 1971-1976, la carga fiscal representó tan sólo el 9.3 por ciento del PIB, cifra que equivale a casi la mitad de la que significó la carga fiscal para Brasil y cerca de una tercera parte de la correspondiente a Venezuela durante el mismo lapso.
Por el contrario, se optó por un creciente endeudamiento externo. Las inversiones para mejorar y ampliar los servicios del sector fueron financiadas fundamentalmente por esa vía. Tan sólo de 1971 a 1982 la deuda externa del sector eléctrico se incrementó en casi 500 por ciento; la de Sicartsa en más de 3 800 por ciento; y la de Conasupo aumentó en casi 490.

Evidentemente, la crisis general de la economía y en particular la derivad de la deuda, no tardó en hacer sentir sus efectos sobre el sector paraestatal: su ingreso se vio drásticamente deprimido y su propio endeudamiento emergió como un problema crucial para la economía nacional.

No obstante que a partir de 1983 el endeudamiento neto del sector fue prácticamente eliminado, la revaluación de la deuda disparó sus montos a una cifra superior a los 7 billones de pesos, lo que se tradujo, a la vuelta de un año (1984), en un incremento de 36.6 por ciento, del cual el 99 por ciento es por efecto de dicha revaluación.

En particular, destaca el esquema de rehabilitación financiera. La asunción de pasivos que se ha llevado a cabo, mediante convenios con las empresas públicas se ha constituidos como un verdadero programa, no sólo para transferir la deuda al sector central, sino como un medio eficaz para propiciar la capitalización del sector paraestatal.

A diferencia de los convenios que anteriormente se celebraban en ese sentido, que no tuvieron la capacidad para superar los recurrentes desajustes financieros de las empresas, los actuales además de aligerar el peso de su deuda, han introducido mecanismos para establecer metas administrativas que permiten una mejor orientación del presupuesto, revirtiendo los incrementos en el gasto corriente por mayor atención al de capital; fijar compromisos de productividad y eficiencia; y definir metas en materia tecnológica, con el objeto de favorecer la productividad y su mayor competitividad.

Tales convenios han permitido, por ejemplo, que la CFE, mediante compromisos de esta índole, haya logrado reducir en casi un 11 por ciento el costo del KWH entre 1984 y 1985, lo que aunado a un adecuado manejo de la política tarifaria ha permitido una mejor gradual en la relación precio/costo.

Esta política en materia de empresa pública, sin propiciar la expansión del Estado, fortalece su rectoría económica. Paradójicamente, en contra de lo que muchos críticos opinan, hoy los cambios estructurales que requiere la economía –descentralización de las actividades productivas y reconversión industrial- están siendo impulsados por iniciativa del gobierno de la República.



Mayor Ahorro Interno
Crecer con Estabilidad

Luis Donaldo Colosio
29 de Octubre de 1986

La insuficiencia del ahorro interno es indudablemente uno de los retos fundamentales del presente y del futuro de México.

El reto se hace más patente ante la magnitud del impacto que la caída en los precios del petróleo ha implicado para nuestra economía. Durante 1985, casi el 50 por ciento de los ingresos totales del gobierno federal provinieron del sector petrolero. La pérdida de divisas derivada del colapso petrolero ascenderá durante este año a cerca del 6 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra que comparada con los ingresos totales del sector público presupuestario que representa alrededor del 32 por ciento del PIB, este impacto se traduce en una severa disminución de los ingresos públicos superior al 18 por ciento.

Ante esta drástica alteración del esquema de financiamiento del desarrollo se hace necesario, ahora más que nunca, el fortalecimiento del ahorro interno y su ineficiente asignación, pues sólo mediante ese camino el país encontrará una solución de largo plazo al problema que representa la insuficiencia de recursos para financiar el desarrollo.
Para el logro de este propósito, el crecimiento económico con estabilidad resulta una condición indispensable.

La recesión y los altos niveles de inflación deterioran sustancialmente los ingresos tributarios del sector público, tanto por la disminución de los ingresos y utilidades de la sociedad, como por la erosión inflacionaria de la base gravable. Asimismo, los esfuerzos de saneamiento financiero de las empresas públicas se ven limitados ante el efecto neutralizador que provoca la inflación sobre la política de precios y tarifas al sector público, al propiciar rezagos en el comportamiento de algunos precios con respecto a la inflación.

Adicionalmente, este fenómeno diluye el ahorro de la sociedad en moneda nacional y lo que es más grave aún, desalienta la inversión tanto por la caída del mercado nacional, consecuencia de la recesión, como por los elevados costos financieros asociados al proceso inflacionario, dando lugar a un círculo vicioso que ha experimentado nuestra economía.

El Programa de Aliento y Crecimiento se propone enfrentar esta situación. Además de acelerar el avance de los cambios cualitativos que requiere la economía, mediante una estrategia de crecimiento económico y abatimiento de la inflación, destaca la necesidad de incrementar el ahorro interno que junto con los recursos externos permitan liberar el crédito para alentar la planta productiva.

Es en este sentido que los recursos crediticios provenientes del exterior deben considerarse complementarios a los esfuerzos internos para impulsar la inversión pública y privada. Por ello, resulta de suma importancia que su orientación se selectiva, de manera que induzca un crecimiento económico que apoye y promueva el desarrollo de ciertos sectores prioritarios como son aquellos con mayor capacidad para la generación de empleos permanentes; que contribuyan a la captación de divisas; que requieran insumos con menor contenido importado; que fomenten el desarrollo regional y contribuyan a mejorar los niveles de vida en el campo; que permitan atender la demanda de productos y servicios básicos; que incrementen la productividad general de la economía, y que destaquen por su aportación a los cambios cualitativos que el país requiere en sus estructuras económicas.

Dada la valiosa contribución que el adecuado estímulo a estos sectores prioritarios representa para un desarrollo económico integral, resulta igualmente fundamental que la disponibilidad de divisas, la disminución gradual en las tasas de interés internas y la liberación crediticia, no se traduzca en un proceso especulativo que culmine con la fuga de capitales y cancele la oportunidad de la recuperación.

El compromiso del crecimiento corresponde a todos los sectores de la sociedad y, por lo tanto, la responsabilidad de la reactivación económica debe ser conjunta.

Hoy, como en todos los momentos cruciales de nuestra historia, cada uno de los sectores productivos tiene la posibilidad de responder a la altura de las circunstancias, a la oportunidad y al reto que la adversidad presente significa.



Deuda Externa
Concertación y Diálogo

Luis Donaldo Colosio
4 de marzo de 1987

Existen cinco aspectos fundamentales que en materia de deuda externa orientan y definen la postura de México.

1) La deuda no es el único problema de los países latinoamericanos, sino que, junto a los desequilibrios de orden estructural, constituye una seria limitación para el desarrollo.

2) El problema del endeudamiento al trascender a países y regiones y desbordar el ámbito de lo financiero, tiene implicaciones marcadamente políticas.

3) Existe un estrecho vínculo entre comercio, moneda, financiamiento y deuda por lo que la solución al endeudamiento externo requiere de la conformación de un nuevo sistema financiero internacional.

4) El servicio de la deuda debe ajustarse a la capacidad real de pago de los países deudores, la cual está predeterminada por las necesidades de crecimiento y atención a las necesidades sociales.

5) Las soluciones deben ser de largo plazo y sustentadas en el principio de corresponsabilidad entre deudores y acreedores.


Estos señalamientos han sido planteados reiteradamente por México y expresan la congruencia con que el país ha enfrentado el problema de la deuda en el marco de nuestros principios tradicionales de política exterior. México ha hecho valer tales principios mediante el realismo de sus propuestas y con el diálogo en la mesa de negociaciones, antes que vulnerarlos con la utopía estéril que adopta la confrontación como principio.

Hemos aprendido que la concertación y el diálogo son garantía de viabilidad; cuando hay diálogo, toda aventura económica resulta políticamente irresponsable.

Es indudable con realismo y mediante la negociación, México ha avanzado.

En las recientes negociaciones se impuso el principio, no sujeto a negociación por parte de México, de crecer entre 3 por ciento y 4 por ciento durante 1987 y 1988. De esta premisa derivó la cuantificación de recursos externos que requiere la economía mexicana, definiéndose así créditos por 12 mil millones de dólares para estos dos años. Así, la aceptación del Programa de Aliento y Crecimiento propuesto por nuestro país constituye un cambio significativo en los criterios tradicionales del FMI y bancos acreedores, hecho sin precedentes en la historia de tales instituciones.

Igualmente, se establecieron mecanismos novedosos que permiten aislar el comportamiento de la economía de los posibles desequilibrios en el mercado petrolero internacional.

Asimismo, se integró una reserva de créditos contingentes por un total de 500 millones de dólares para garantizar la reactivación económica en tanto que la economía no muestre signos de recuperación durante el primer trimestre de 1987.

Con relación con las mejores condiciones de pago se logró reestructurar la “deuda antigua” por un monto de 43.7 mil millones de dólares al prolongarse el periodo de pago a 20 años, con siete de gracia y al conseguir reducir la sobretasa de un 1.5 a 0.8125. Esta reducción implica un ahorro de 6 mil millones de dólares durante los próximos 20 años.

De igual forma, se amplió a 12 años con cinco de gracia, el pago de la deuda contratada durante 1983-1984 por 8.55 mil millones de dólares. Para el servicio de esta deuda también se redujo la sobretasa y se cambio la Tasa Prima por la LIBOR que es más barata. Lo anterior, significa un ahorro de 600 millones de dólares en 12 años.

Adicionalmente, se consiguieron mayores plazos y considerables ahorros en la deuda externa privada manejada a través de Ficora.

Aún cuando lo logrado hasta ahora no constituye una solución definitiva al problema de la deuda, México ha conseguido importantes avances mediante la renegociación, al obtener condiciones que desafortunadamente otros países aún no han alcanzado.

El próximo 20 de marzo, nuestro país firmará con la banca comercial un paquete financiero por 7.7 mil millones de dólares de los cuales ya se han comprometido más de 7.4 mil millones de dólares, es decir, casi el 97 por ciento de la meta propuesta con lo que se apoyará de manera decidida un programa económico fundado en la necesidad de satisfacer las demandas sociales del pueblo e impulsar los cambios cualitativos.

Así, la política mexicana de deuda externa y el Programa de Aliento y Crecimiento, distan mucho de ser una simple fórmula que se limita a la lógica de “crecer para pagar”. Se trata de un proyecto congruente que hace posible la reactivación económica la generación de empleos y el combate a la inflación, en un marco de profundización de los cambios estructurales que México requiere de manera impostergable.



“…modular la concentración urbana no es tarea sencilla ni responsabilidad exclusiva del Estado. Es reto conjunto de sociedad y gobierno y que debe afrontarse sin detrimento de las libertades”.

Luis Donaldo Colosio

Demanda de la Sociedad
Renovación Nacional

11 de marzo de 1987

El mensaje que el presidente de la república pronunció en la Decimotercera Asamblea Nacional del PRI cobra singular trascendencia ante la necesidad impostergable de renovación nacional como una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana.
Ante la claridad con que ya se han manifestado algunas transformaciones nacionales de fondo, los campesinos, obreros, jóvenes, profesionistas, y la sociedad en su conjunto reclama su profundización.

Ello es así porque dada la complejidad y dinámica del mundo actual y frente a los problemas presentes y los desafíos del futuro, el cambio cualitativo en México, es hoy condición indispensable para hacer realidad toda posibilidad de avance económico, político y social. De esta forma, la renovación nacional se convierte en la gran exigencia de nuestro tiempo.

La experiencia reciente ha puesto en evidencia dos cuestiones fundamentales: 1) Existe capacidad de respuesta del Estado mexicano para hacer frente a las nuevas circunstancias; y 2) Es posible conducir y orientar los esfuerzos de renovación conforme a los valores de libertad, democracia y soberanía, porque el propósito final de dicha tarea transformadora es la vigencia cada vez más plena de estos valores nacionales, en el contexto de una realidad cambiante y difícil.
En lo político, la renovación ha significado formas más amplias de participación que patentiza el interés por garantizar la voluntad de las mayorías y la expresión de las minorías.

Como expresión de la renovación, la democratización no se ha limitado al perfeccionamiento de la representatividad, a la ampliación de los medios de expresión plural, al establecimiento de fórmulas más equitativas de financiamiento a los partidos políticos; también ha contemplado medidas que buscan acercar al pueblo a la definición de las acciones de gobierno, con base en el proceso de “planeación democrática”.

A la par con la democratización integral de la sociedad, el fortalecimiento al federalismo constituye uno de los ejes fundamentales en los que se sustenta la renovación.

La reforma municipal, ha fortalecido la autonomía política y la gestión económica del municipio; el Convenio Único de Desarrollo expresa en lo económico la voluntad política de respeto a la soberanía de los Estados y el propósito de coordinación entre los órdenes de gobierno.

Se han robustecido las haciendas estatales y municipales y en el marco de una clara estrategia de descentralización, el desarrollo regional en las diferentes zonas del país, ha sido enfáticamente impulsado.
Más aún, ante los rezagos económicos y sociales que persisten, se ha reconocido la necesidad de modernizar el aparato productivo para aprovechar el gran potencial de México, mediante una estructura de producción mejor integrada, eficientemente articulada, competitiva y con mayor capacidad para generar empleos bien remunerados.

En este sentido, destacan las medidas para la transformación tecnológica, operativa y comercial que se han promovido, particularmente en las empresas públicas, y las acciones tendientes a fomentar las exportaciones no petroleras y a racionalizar la protección comercial.

Conviene advertir que un proceso de semejante naturaleza y significancia, no puede ni debe ser obra de un día; la transformación requiere ser gradual y consistente. Bajo este enfoque, la renovación nacional avanza, constituyéndose así, en expresión concreta de un proyecto claro y definido de modernidad.



“…ante las deficiencias y desequilibrios estructurales del sistema económico y social de los países latinoamericanos, difícilmente será posible superar la crisis económica con tan solo medidas de corto plazo…”.

Luis Donaldo Colosio

Alán García
Ante los Hechos

1 de abril de 1987

La reciente visita oficial del presidente del Perú, Dr. Alán García, despertó el interés de amplios sectores de la población mexicana. El discurso antiimperialista, la emotiva oratoria y la carismática figura del presidente peruano, no pasaron inadvertidos.

Alán García, propone la revolución latinoamericana y la dibuja bajo los trazos de una democracia continental basada en la justicia social que garantice plan y libertad. Atractivos planteamientos que, al encarnar aspiraciones históricas de nuestros pueblos, encuentran amplias coincidencias en múltiples latitudes de América Latina.

Para lograr dicha revolución, el presidente peruano sostiene que es necesario luchar contra las nuevas formas de tutelaje imperialista bajo la premisa de que el mundo de los poderosos, “de las bombas y el dinero” también tiene sus mitos, ante lo cual, los latinoamericanos tenemos un mayor poder en nuestra cultura.

Sin embargo, más allá del discurso y llevada al terreno de los hechos, su propuesta invita a una confrontación dentro del actual esquema de las relaciones internacionales. Habría que evaluar detenidamente los riesgos y los costos de esta aventura política, que seguramente no serían pocos pues está en juego la paz y la estabilidad que con mucho sacrificio algunas naciones como la nuestra han consolidado.

Plantear la posibilidad de una confrontación en el estadio contemporáneo de la civilización, como camino cierto para la transformación social, ignora una realidad de interdependencia que ha alcanzado su más alto nivel en toda la historia de la humanidad y subestima, además, los factores geopolíticos que de manera definitiva inciden en el desarrollo de los pueblos. Ignora asimismo, que ante las deficiencias y desequilibrios estructurales del sistema económico y social de los países latinoamericanos, difícilmente será posible superar la crisis económica con tan solo medidas de corto plazo, por más emotivas y bien intencionadas que estas sean, si no se les acompaña con estrategias de mediano y largo plazo. Al respecto, los casos de Argentina y Brasil han sido una dolorosa experiencia.

El mismo Perú se enfrenta a los graves riesgos que implica la expansión indiscriminada del gasto público y la excesiva sobrevaluación de su moneda, como partes de una estrategia de reactivación económica.
Esperamos no acertar, pero la economía tiene sus leyes. Por ello en el Perú, la explosiva tendencia del déficit público, tarde o temprano incidirá en el crecimiento de los precios; la significativa caída de las exportaciones impactará la paridad cambiaria y ante la ausencia de inversiones y la nula disponibilidad del ahorro externo, se afectarán los niveles de producción, pese al espectacular crecimiento del PIB que registro la economía peruana durante 1986. Si a lo anterior, se agregan las tensiones sociales y políticas, resulta incuestionable que Perú vive hoy una situación sumamente delicada.

Por ello es que para muchos, la candente oratoria del carismático presidente peruano no se inscribe más allá del peligroso e irresponsable ámbito del populismo.

Sin desmerecer la valentía de un hombre que con su respetable visión de las cosas busca lo mejor para su patria chica y su patria grande, es preciso señalar que las transformaciones cualitativas que nuestros países requieren no se pueden realizar bajo patrones idénticos, ni mucho menos como resultado de un mero ánimo voluntarista. Se requiere, ante todo, atacar los problemas de fondo con soluciones de fondo, aun cuando estas son dolorosas y reclaman por lo mismo mayor valentía, firmeza y responsabilidad para sacrificar incluso, la popularidad inmediata, en aras de un desarrollo más sano y duradero.



Planificación Nacional
Retos y Avances

Luis Donaldo Colosio M.

¿Cuál es el entorno en que nos ha tocado vivir a los mexicanos los últimos años? ¿Cómo ha afrontado México las vicisitudes de la economía nacional e internacional? ¿En qué medida han sido atendidas las demandas sociales? ¿Cuáles han sido los esfuerzos que hemos realizado en el perfeccionamiento de nuestra democracia? ¿Cuáles son, en suma los avances y cuales los retos que todavía tenemos por delante?

Son estos entre otros, algunos de los principales aspectos del acontecer nacional de los que da cuenta y razón el Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Su contenido es, entonces, de la mayor importancia. La historia habrá de registrar a 1986 como el año más difícil de los últimos tiempos para el país.

La naturaleza nos puso una prueba adicional. En ese año, los mexicanos tuvimos que reconstruirla mitad de los planteles de educación básica en el Distrito Federal, la tercera parte de la infraestructura hospitalaria, así como reparar el sistema de agua potable y alcantarillado y restablecer el servicio telefónico. Todo esto se realizó a pesar de haber sufrido una mengua importante de nuestros ingresos como resultado de la caída en los precios del petróleo.

La fortaleza nacional y la serenidad en la conducción hicieron posible restablecer las cuantiosas pérdidas materiales, afrontar los embates sobre la economía nacional y preservar la estabilidad social y política de nuestro país. Contener la crisis y resarcir lo perdido no hubiera sido suficiente para una sociedad compleja que se enfrente al reto de la modernización. Por eso, valoremos lo que significa para las familias mexicanas la ampliación de la cobertura de servicios de la salud; que se haya mantenido la atención al 100 por ciento de los demandantes de instrucción primaria y que se alfabetizaran a más de tres millones de habitantes; haber alcanzado la autosuficiencia en trigo, arroz, azúcar y huevo; beneficiar a 939 familias a través de los programas públicos de vivienda y lograr una tasa de crecimiento anual promedio en el empleo de 4.2 por ciento, en los últimos cuatro años.

Los nuevos tiempos exigen nuevas formas de participación política. Fortalecimiento del federalismo, descentralización de la vida nacional, perfeccionamiento de los procesos electorales y mayor colaboración y respeto entre los poderes, son realidad cuyo avance reporta el Informe de Ejecución del Plan.

La coordinación y congruencia en la política económica han permitido sentar las bases para la recuperación. Disciplina en el gasto público, saneamiento de las finanzas, un sector externo más competitivo y realismo en las políticas monetaria y fiscal han sido factores fundamentales para preservar la planta productiva; para el repunte de las exportaciones no petroleras; para el incremento de nuestras reservas y para el retorno de capitales.

No obstante, son muchos los retos y las dificultades aún latentes. Se requiere perseverar en la lucha contra la inflación; recuperar el crecimiento de la producción con alta generación de empleos y restituir el poder adquisitivo del salario. Modernización significa, ante todo, superar los rezagos sociales que aún persisten.

Para ello, México cuenta con un sistema de planeación flexible en el manejo de los instrumentos, pero firme en sus objetivos, que no son otros que los del proyecto nacional. En la medida en que el Cuarto Informe de Ejecución del PND da razón de los alcances y retos en el esfuerzo para lograr dichos objetivos, es lectura obligada para todos aquellos que están atentos al acontecer nacional.

Una sociedad más y mejor informada tiene mayor capacidad para la participación. Es pieza fundamental de la democracia. Es arma indispensable en la lucha colectiva para la modernización.



Renovación Nacional
Superar Rezagos Sociales

Luis Donaldo Colosio M.

Los últimos años han sido de duro aprendizaje para el país. Han sido años de enormes dificultades y limitaciones internas, de adversidades externas de magnitudes desconocidas y retos sin precedente, propios de los nuevos tiempos y de los profundos procesos de cambio que se suceden en el mundo actual, más sofisticado e interdependiente que nunca.

En este tiempo, México ha enfrentado en la paz y la libertad, las graves consecuencias de la crisis económica más severa de los últimos 60 años, aun cuando hemos tenido que sufrir el sacrificio que han significado la caída de los salarios reales; los niveles de desocupación para una sociedad en constante expansión demográfica; el impacto que sobre el bienestar de algunos grupos sociales ha provocado la crisis en ciertas regiones del país, y la marginación y pobreza en la que aún viven alguno sectores de nuestra sociedad.

Ciertamente, el patrimonio institucional heredado por muchas generaciones de mexicanos y la capacidad de todos los sectores sociales para construir los consensos básicos, han hecho posible mantener la cohesión social. Pero también ésta ha sido viable porque, pese a las limitaciones económicas, México avanza y, muy lejos de permanecer estancado, el país mantiene y amplía la atención de las demandas sociales fundamentales y se renueva día a día con el esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno.

Dichos esfuerzos de renovación nacional se ha dado bajo un proyecto de modernización que implica, ante todo, superar los rezaos sociales que aun persisten y en este sentido, la política social ha permitido realizar alcances de considerable significancia.

Por mandato constitucional y por elemental justicia social, el acceso a la vivienda, a la alimentación y a la educación, son derechos cuyo cumplimiento constituye un compromiso irrenunciable del Estado mexicano, pues son aspectos que atañen directamente al bienestar de nuestras familias. Los resultados de los esfuerzos están a la vista; La ejecución de un millón 800 mil acciones de vivienda se dice fácil, pero implicó que el número de casas habitación construidas en los últimos cuatro años sea equivalente a las construidas en el periodo de 1970 a 1982.

Asimismo, la apertura al cultivo de más de 275 mil hectáreas, la electrificación de más de 6 mil poblados rurales y el considerable incremento en las cosechas de trigo, azúcar frijol y maíz han significado un importante apoyo al campo y, por ende, a la alimentación del pueblo.

En México se brinda educación a más habitantes que en cualquier otro país de América Latina. Anualmente, se atiende a casi 26 millones de alumnos en el sistema escolarizado. Así, se ensanchan las oportunidades de desarrollo individual para los mexicanos. El índice de analfabetismo se ha reducido de 14.3 por ciento a 9.2 tan solo en 1986, se alfabetizó a un millón de personas; se han construido cerca de 150 mil espacios escolares en todo el país; el número de bibliotecas ha crecido en 219 por ciento y en estos últimos cuatro años, se han distribuido más de 374 millones de libros de textos gratuitos.

Llevar los servicios de salud a aquellos grupos sociales que aún no tienen fácil acceso a ellos, es una obligación constitucional del Estado. ¿Cómo se ha cumplido? En estos últimos cuatro años, se ha incorporado a 8 millones de mexicanos a los servicios de salud con lo que la cobertura de este servicio, se incrementó al 88 por ciento de la población total en 1986 contra el 80 por ciento de 1982. Adicionalmente, se ha elevado la esperanza de vida del mexicano en más de tres años y se han aplicado 273.2 millones de dosis de vacunas mediante las diferentes campañas nacionales de vacunación que, con el esfuerzo y la participación decidida de la sociedad y bajo la responsabilidad del Gobierno, se han llevado a cabo. De este modo, quien inspira y define el destino de toda política y acción de gobierno, es el hombre y su familia. De ahí que, ante la difícil situación que nos ha tocado enfrentar, la política económica y social se ha orientado a contener las desfavorables implicaciones de la crisis, ampliando y mejorando la atención de las necesidades sociales básicas y a propiciar los cambios cualitativos que nos permitan fincar una economía más sana y próspera, con mejor capacidad para generar y distribuir más equitativamente la riqueza.



“Recibir financiamiento público… evita que los partidos mexicanos queden en la eventualidad de subordinarse a intereses económicos sectarios o de dudoso origen”.

Luis Donaldo Colosio

Subsidio a Partidos
Contribución Para la Democracia

13 de mayo de 1987

A más de 70 años de la Revolución, la realidad política mexicana es esencialmente distinta. Hoy más que antes, los partidos políticos son clara represión de pluralidad. Por ello, para avanzar en la democracia es vital el avance individual y conjunto de estas importantes organizaciones.

¿Hacia dónde han de caminar los partidos políticos para vigorizar nuestra democracia y cómo hacerlo?

Sin duda que el ensanchamiento de su base social y el fortalecimiento de su capacidad para articular las demandas de la sociedad, son grandes retos que actualmente encaran tales agrupaciones de interés público. Transitar por esta ruta de la democracia, presupone mejorar la organización interna de los partidos, ampliar su movilización y robustecer su presencia en las diversas manifestaciones de nuestra vida social. Hacerlo reclama talento político, trabajo constante y recursos, que significan, fundamentalmente, medios y posibilidades de concretar los cambios.

De ahí, la trascendencia del financiamiento público a los partidos políticos en México. Práctica que viene a fortalecerse con la reforma político electoral recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
Las nuevas disposiciones se traducen en mayores recursos para los partidos que serán distribuidos según el porcentaje de votos obtenidos y el número de diputaciones federales alcanzadas durante la última elección, permitiéndose así que sea el electorado quien finalmente defina la asignación de los apoyos económicos.

Cabe señalar, que el subsidio a los partidos, es ejercicio común en la mayoría de los países occidentales por su aprobada contribución a la causa de la democracia. En este sentido, destacan los casos de Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania y Austria, entre otros.

¿Por qué entonces hay quienes pretenden satanizar este importante apoyo a los partidos y a la democracia? ¿Qué argumentan? Primordialmente, se señala que el financiamiento público a partidos políticos significa una sumisión al Estado y que dicho subsidio constituye un gasto dispensable e inconstitucional que perjudica al erario público.

En su lugar, debieran aplicarse tales recursos para la generación de fuentes de trabajo.

Al respecto, cabe hacer algunas precisiones. Recibir financiamiento público cuando este no ha sido condicionado, salvo al requisito de destinar los recursos a los fines previstos, es decir, para financiar la actividad política de un partido, no implica sumisión. Por el contrario, ello evita que los partidos mexicanos queden en la eventualidad de subordinarse a intereses económicos sectarios o de dudoso origen.
Ciertamente, el subsidio que se destina a este fin, significa una importante fuente de ingresos para los partidos políticos con que están en mejores condiciones de multiplicar su capacidad de movilización y penetración social y no limitarse a las campañas electorales. En términos del presupuesto federal estos recursos de ninguna manera erosionan la hacienda pública ya que, frente a un elevado presupuesto social, su monto apenas representa la décima parte de un punto porcentual del gasto programable del sector público.

¿Cómo podría ser inconstitucional, el impulso a la democracia con el apoyo a entidades de interés público, cuando constitucionalmente se ha definido al Estado como democrático?

Por otro lado, resulta incongruente que quienes en reiteradas ocasiones han pugnado por la supresión de puestos de trabajo generados y sostenidos con el presupuesto federal para garantizar la atención a necesidades sociales básicas, ahora, intempestivamente, encuentren en el gasto publico la forma más apropiada de generar empleos, haciéndolo precisamente a costa de desarropar de recursos a los partidos políticos.

Esto, más que una verdadera solución al problema del desempleo que a todos preocupa, refleja otro tipo de intereses. Quien por su filiación empresarial tiene resuelto el financiamiento de su actividad política, sacaría gran ventaja al lograr limitar, e incluso disminuir los apoyos económicos del resto de los partidos. Pero eso tiene un alto costo para el país, implica un retroceso democrático y revela la intención de implantar un modelo bipartidista, ajeno a nuestra tradición y al servicio de intereses externos.

Por ello, la postura de aquellos que rechazan e invitan a rechazar el financiamiento público a los partidos políticos, no va más allá de un nocivo interés particular y del oportunismo mediante el cual se pretende capitalizar tal situación.

Frente a ello, el Estado mexicano, convoca con hechos a un magno esfuerzo de renovación. Renovación que parte de reconocer la realidad y de la concepción moderna de que el Estado no puede hacerlo todo.

Existe un abstencionismo por abatir y una crisis económica por vencer, el camino elegido ha sido el de la democracia participativa con la reforma municipal y la descentralización como con la reforma política.
En la lucha por la democratización integral de la sociedad, al igual que los ciudadanos en lo individual, los partidos políticos tienen un importante papel que asumir.



“…modular la concentración urbana… Es reto conjunto de sociedad y gobierno y que debe afrontarse sin detrimento de las libertades”.

Luis Donaldo Colosio

Desconcentración Urbana
Renovación de Instituciones

27 de mayo de 1987


El reciente Congreso Metrópolis 87, celebrado en la ciudad de México con la participación de representantes de 50 grandes centros urbanos, puso de manifiesto, una vez más, la creciente importancia que se otorga en todo el mundo a los problemas y desequilibrios asociados al proceso de urbanización y concentración. Ratificó, asimismo, la cualidad de las políticas de desarrollo regional y de descentralización como opciones viables y valiosas para enfrentar dicho fenómeno.

En esta reunión de trascendencia internacional, el presidente de México, Miguel de la Madrid, señaló la dificultad de revertir el proceso de urbanización, pero advirtió la posibilidad de modularlo. A la luz de las experiencias internacionales, resulta muy significativo el esfuerzo de nuestro país en este sentido durante los últimos cuatro años.

Ha habido una concepción clara de las causas y efectos vinculados a esta nociva tendencia y, en consecuencia, se lleva a cabo una estrategia de descentralización para atacar la raíz del problema y no su manifestación. Con tal propósito, se han descentralizado recursos y decisiones; se han fortalecido las haciendas de los estados y municipios, y se ha impulsado el desarrollo regional, bajo una nueva concepción que permite aprovechar con mayor eficiencia las potencialidades locales conforme a las necesidades y recursos de cada región, privilegiándose, en particular, el desarrollo de las ciudades medias y la integración de centros de servicios en el área rural.

Ciertamente, los cambios no se han dado a la velocidad deseada, pero es indudable que se avanza en el sentido correcto. En esto, cabe destacar, que desacelerar el crecimiento de las grandes urbes y lograr una mejor distribución de la población y de las actividades productivas en el territorio nacional, no son acontecimientos que se cumplan por decreto, ni en tiempos de restricción financiera, ni en épocas de bonanza. Implican un vasto y complejo proceso social y que exige planeación, tenacidad, perseverancia y voluntad política. Sin embargo, ello no es suficiente.

Se trata de una situación que involucra empleo, vivienda, servicios públicos, infraestructura social y productiva, pero además, es innegable que detrás de todo esto, existe un problema profundamente humano: el hombre y su familia en su legítima lucha por un mejor destino. De ahí que, modular la concentración urbana no es tarea sencilla ni responsabilidad exclusiva del Estado. Es reto conjunto de sociedad y gobierno que debe afrontarse sin detrimento de las libertades.

En una metrópoli donde cotidianamente se entrelazan las exigencia y los esfuerzos de 18 millones de seres humanos, población superior a la de los 6 estados fronterizos del norte, sumada a la de Jalisco y Michoacán; donde circulan más de 2.5 millones de vehículos, y donde el suministro de agua y energía eléctrica es similar al estimado para abastecer a países enteros como Perú, Colombia o Venezuela, las instituciones han requerido renovarse. De no haberlo hecho, habrían sido rebasadas por la realidad, asimismo, mediante la concertación es como hemos hecho frente a las principales dificultades.

La prueba más evidente de que así ha sido, es la propia ciudad de México, la cual, pese a las incomodidades que la misma concentración impone a sus moradores, atiende las demandas sociales fundamentales como son: abasto, servicios asistenciales, agua potable y alcantarillado, drenaje, alumbrado público, transporte y seguridad pública, entre otras. Gracias a la conjugación de esfuerzos, la capital del país es una ciudad que funciona y funcionó aún en la más grave adversidad, como ocurrió en los sismos de 1985. Se advierten desequilibrios pero no se les enfrenta a costa del bienestar de sus habitantes.

Así, en la satisfacción de las necesidades básicas de los capitalinos y en la lucha contra la concentración urbana, la renovación y la concertación promovidas por el presidente De la Madrid, son pilar para el cambio y garantía del avance nacional.

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