CIUDAD DE MÉXICO. Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados y el Senado de la República acordaron una ruta de intenso trabajo para que antes del 15 de diciembre, en menos de seis días, se revisen y aprueben las iniciativas con un importante avance en comisiones.
Y si bien incluirán en la revisión de temas las propuestas en materia de seguridad y justicia enviadas hace una semana por el Ejecutivo federal, Miguel Barbosa Huerta, líder del Senado, aclaró que éstas aún no tienen consenso.
En esta apresurado cierre de periodo de sesiones, diputados y senadores esperan que no sea necesario convocar a tiempo extra, pero de ser inevitable será cada Cámara la que lo determine y para ello anunciaron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quedará instalada debidamente el 11 de diciembre.
Diputados y senadores confirmaron que trabajarán de manera intensa para que las iniciativas avanzadas puedan cumplir su proceso legislativo en comisiones y en dos sesiones ordinarias por delante.
Coincidieron en que en el caso de las propuestas que envió el presidente Enrique Peña Nieto serán examinadas con todo cuidado. Barbosa apuntó: "queremos que de aprobarse la o las propuestas, sea con el consenso más amplio posible". Por ello el líder del Senado consideró que las iniciativas del Ejecutivo podrían experimentar cambios, aunque por ahora "no tienen consenso".
En cambio, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, el priista Manlio Fabio Beltrones, anunció que este martes el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará la iniciativa presidencial para desindexar los salarios mínimos, a fin de turnar inmediatamente la minuta a los senadores.
Tras el encuentro que se realizó en la antigua casona de Xicoténcatl, vieja sede del Senado, el presidente de la Cámara alta, Miguel Barbosa Huerta, del PRD, también informó que este miércoles quedará resuelta la minuta a la reforma constitucional en materia de disciplina financiera o regulación de deuda en estados y municipios.
Detalló que el acuerdo entre coordinadores fue desahogar esta minuta –que ha ido y venido entre ambas cámaras desde diciembre de 2012– con el consenso de que sea una comisión bicamaral la que revise las contrataciones de deuda en estados y municipios.
El líder de los diputados del PAN, José Isabel Trejo, reconoció que esta reforma sólo le dará facultades al Poder Legislativo para "realizar pronunciamientos" cuando un presidente municipal o un gobernador intenten contraer deuda "irresponsablemente".
Mencionó que la comisión bicamaral del Congreso de la Unión no podrá objetar o sancionar el endeudamiento subnacional, principalmente porque los diputados federales y los senadores no tienen facultades para intervenir en la soberanía de los estados y ayuntamientos.
RECTA FINAL
Beltrones Rivera también indicó que otro de los pendientes que resolverá el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Senadores, es el nombramiento de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales.
En ese sentido, Trejo Reyes puntualizó que en San Lázaro ya están muy avanzados los trabajos de la reforma constitucional que crearía el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que eventualmente se presente un dictamen y se discuta y vote en el pleno de ese órgano legislativo.
En su oportunidad, Barbosa Huerta destacó que otro de los pendientes de la agenda legislativa, que podría quedar listo antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, es la reforma política del Distrito Federal.
Comentó que este ordenamiento se lo ha ido "devorando" la coyuntura política, pero dijo que desde diciembre de 2013 hay un acuerdo "muy acabado" en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara alta, que presiden Enrique Burgos García, del PRI, y Mario Delgado Carrillo, del PRD, por lo que "sin duda también es una de las prioridades para esta fase".
Por lo pronto anoche quedó instalada en sesión permanente la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, organismo que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR). Además, se aprobará la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.